Hacienda prohíbe venta de lotería en dispositivos móviles

La prohibición incluye dispositivos verifone, tabletas, celulares y laptop

Riferos califican decisión como un retroceso

Bancas que continúen ventas en dispositivos móviles serán clausuradas (Foto: Archivo)

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, emitió la resolución 172-2022 que prohíbe la venta de sorteos terminales de quinielas y otros juegos de azar por medio de dispositivos móviles tales como: verifone, tabletas, celulares, laptop o cualquier aparato tecnológico que no sea una computadora que se encuentre instalada de manera fija en la banca de lotería, punto de venta o agencia.

Además, la decisión del organismo estatal otorga un plazo de 15 días a los propietarios de bancas de lotería para que procedan a retirar de sus locales todo dispositivo móvil utilizado para la venta de sorteos.

Cumplido este plazo, las bancas no podrán efectuar la venta de números por medio de esa modalidad. El incumplimiento de lo establecido en dicha resolución, será sancionado con las siguientes medidas:

·         Propietarios de bancas de lotería o consorcios y concesionarios de loterías electrónicas: le será clausurada la banca, punto de venta o agencia, y la revocación definitiva del permiso de sus operaciones o franquicias.

·         Propietarios o vendedores que se dediquen a la venta de sorteos ambulantes: serán sometidos a la acción de la justicia para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 410 del Código Penal Dominicano; Ley No. 11-92 que establece el Código Tributario de la República Dominicana; Ley No. 155-17 contra el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo; y cualquier otra disposición legal que le sea aplicable.

·         Persona física o jurídica desarrolladora o prestadora de servicio de software, mantenimiento, alojamiento, operación, venta o comercialización del sorteo que sirva de soporte a dichas operaciones ilegales: se le aplicarán las disposiciones de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y cualquier otra disposición legal que sea aplicable.

Hablan los riferos

La resolución de Hacienda fechada del 5 de abril de 2022 encontró de frente a la Asociación de Riferos en Pro de la Legalización (Asodrepol), quien calificó la decisión como un "retroceso".

El presidente de Asodrepol, Obispo Carvajal, deploró que la nueva resolución obligue al sector a usar computadoras de mesas “las cuales están descontinuadas”.

Señaló que en el año 2019 Hacienda cometió el error de emitir la resolución 183-2019, que forzaba al sector al “uso de computadoras arcaicas que llegan usadas del extranjero y también obligan utilizar inversores, muestra del desconocimiento del Estado sobre la realidad del sector”.

Dijo que en ese mismo año se realizaron varias reuniones contra esa resolución, lográndose la rectificación del error por el Ministerio de Hacienda con la resolución 192-2020 que aclara que “somos libres de usar cualquier terminal que opere dentro de nuestras bancas”. Sin embargo, dijo que la historia se repite con la nueva gestión al frente de Hacienda.

Señaló que, la nueva decisión que califica como “absurda”, obliga a los riferos a hacer una inversión millonaria en los próximos 15 días “y quedar peor de como arrancaron, volviendo a usar inversores y otros equipos usados, sin poder vender fuera de línea”.

“Nos entristece que el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, haya autorizado dicha resolución en desconocimiento de la realidad dominicana y nuestra entidad descalifica esa resolución del 2019, la cual es un retroceso que nos afecta a todos”, puntualizó.

Justificación de Hacienda

En unos de sus considerandos, Hacienda justificó que la decisión fue tomada en atención a la denuncia de una parte importante de propietarios de bancas de loterías, concesionarios de loterías electrónicas y otros establecimientos de juegos de azar, quienes advirtieron sobre la venta de sorteos a través de dispositivos móviles operados por el personal de dichos establecimientos sin el conocimiento y la autorización del propietario. Esta acción ha afectado la operatividad comercial del sector “convirtiéndose en una práctica desleal para quienes operan un establecimiento, apegados a la normativa legal vigente”, asienta el documento.

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