Petrofraude: el descalabro continental con dinero de los venezolanos

Tres de las realidades más complejas de América Latina están entrelazadas a cientos de kilómetros por un factor común: el petróleo venezolano. Por un lado en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo en el mundo, el pueblo vive una emergencia humanitaria mientras el gobierno que la niega es considerado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional. De otro lado en Haití, sus habitantes cada vez realizan protestas más airadas reclamando por el paradero de miles de millones de dólares que llegaron como cooperación para garantizar una vida diferente tras el terremoto de enero de 2010 que dejó más de 300,000 muertos y millones sin hogar, pero que al contrario se ha traducido en profundizar sus miserias. Mientras, en Nicaragua el régimen sandinista de Daniel Ortega acaba de cumplir doce años en el poder fortaleciendo su mano dura contra los derechos de quienes lo critican, tras perder la estabilidad que tuvo por años al reducirse el flujo de fondos que llegaban de Venezuela con la caída de los precios del petróleo.

Fue Hugo Chávez, en el fortalecimiento de su ideario bolivariano por América Latina, quien ideó esta estrategia de la mano del boom petrolero con lo que buscaría la consolidación de su política socialista. En la cumbre de Puerto La Cruz, Venezuela, en la que se creó Petrocaribe en 2005, ratificó la visión con la que publicitaba el acuerdo energético. En sus palabras, los proyectos a realizar debían “empoderar de derechos” a las poblaciones de los países beneficiarios, ayudar a la “superación de la pobreza” y garantizar la “disponibilidad y accesibilidad a la salud, la educación y al micro financiamiento de cooperativas, pequeñas y medianas industrias”, entre otros objetivos.

Para esta investigación de #Petrofraude, un equipo periodístico de cinco medios, revisó en detalle la información disponible del ambicioso programa en los 14 países beneficiarios y realizó trabajos de campo en Nicaragua, Haití, República Dominicana, El Salvador, Guyana y Venezuela para contrastar en qué se ha convertido el maná que llegó de la mano del carismático gobernante, quien en los días de opulencia se preciaba de transitar el camino para derrotar la desigualdad en su país y de trazar la ruta para el resto del continente mostrando a Petrocaribe como un modelo sin antecedentes de relaciones internacionales solidarias.

Sin embargo, la investigación de #Petrofraude demuestra que esos propósitos no se cumplieron al pie de la letra y que, desde un principio, la estrategia fue otra: asegurar apoyos diplomáticos en foros internacionales y buscar la expansión regional del socialismo bolivariano venezolano. La estrategia incluso le ha permitido a Nicolás Maduro resistir a un creciente aislamiento internacional que tuvo su más reciente expresión cuando una mayoría de 19 gobiernos de la región desconocieron su nuevo período como presidente de Venezuela por considerar fraudulentas las elecciones que le permitieron reelegirse por seis años. En ese contexto, un grupo de países caribeños y centroamericanos beneficiarios del acuerdo estuvieron en el bloque de los que reconocieron su legitimidad o se abstuvieron de cuestionarla en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos del 10 de enero de 2019, fecha coincidente con la toma del poder para comenzar su segundo mandato.

En documentos oficiales, la cancillería venezolana ha descrito al bloque de beneficiados de los créditos petroleros como una barrera de protección internacional. “La concepción estratégica de acción exterior de Venezuela hacia la región pasó por la definición y reforzamientos de los anillos de protección geopolítica constituidos por la ALBA y Petrocaribe como primer anillo”, se señaló en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en 2015. Fue el mismo año cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama catalogó en una orden ejecutiva a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país.

Como segundo y tercer anillos con igual propósito “de defensa y garantía de la soberanía nacional” se mencionaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), también impulsadas por Venezuela. La metáfora de los anillos, propia del lenguaje militar, refleja la visión del gobierno de Caracas con respecto a la importancia geopolítica de la cooperación petrolera y explica los pasos de su diplomacia.

Con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, lejos de suspenderse el plan, se mantuvo a toda costa bajo las directrices que ya se habían establecido. Ello incluyó la apuesta por los liderazgos locales que pudieran ser afines con la causa socialista y por el sistema de compensaciones en el que los grandes volúmenes de petróleo de Venezuela, se transaban a cambio de alimentos, en una parte, y en otra bajo créditos pagaderos en máximo 25 años con tasas que no superaban el 2.5 por ciento anual.

La cascada de dinero, que supuso la inyección de aproximadamente 28,000 millones de dólares de los cuales cerca de la mitad se transformaron en los préstamos con facilidades, implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada por #Petrofraude, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a la consolidación de otros regímenes políticos que hoy son noticia, como el caso del Orteguismo en Nicaragua.

En ese caso, Chávez puso en su mira el respaldo con estos fondos a Daniel Ortega cuando aún era candidato por la Presidencia de Nicaragua a las elecciones presidenciales celebradas en 2006. El excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había ejercido la presidencia de Nicaragua entre 1980 y 1990, pero no había podido retornar al cargo después de tres intentos. Siete meses antes de los comicios de noviembre, fue invitado de honor de Chávez en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas durante la firma de un convenio que permitió el envío de 82,000 galones de diesel a los alcaldes sandinistas, que lo distribuyeron entre transportistas, agricultores y ganaderos a falta cuatro semanas para los comicios. Desde ese momento, los recursos que llegaron a manos llenas desde Venezuela, se volvieron el sello de la gobernabilidad que Ortega logró incluso con los más tradicionales empresarios de su país y de la élite centroamericana, que mientras hubo recursos no cuestionaron al mandatario.

Lee también: “El asistencialismo que atornilló a los aliados”

El ejemplo de Nicaragua está lejos de haber sido una excepción en la región, donde los créditos petroleros venezolanos ayudaron a catapultar o consolidar en el poder a aliados políticos de Chávez y Maduro, pero de igual manera el debilitamiento de los precios internacionales luego los ha puesto en aprietos. De hecho, la crisis del país centroamericano en manos de Ortega, está en buena medida asociada con el debilitamiento de la economía local tras reducirse la ayuda venezolana.

A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, la de San Vicente y Granadinas y la de Dominica aparecen como las más consistentes en la línea del apoyo. El caso del país centroamericano resalta por los respaldos recíprocos ofrecidos en 2017 y 2018 cuando protestas políticas reprimidas en ambos países dejaron aproximadamente 500 muertos en suma y acusaciones contra Maduro y Ortega de aplicar incluso fuerza letal a través de grupos paramilitares consentidos por ambos gobiernos. El bloque de los que se “alinearon” con el régimen de turno de Venezuela incluye además a países como Antigua y Barbuda, Belice y Granada, entre otros que, a pesar de ser muy pequeños en territorio y población, tienen votos con el mismo valor en los diversos foros internacionales, en especial en la OEA, donde el “anillo de protección” de los gobiernos de Venezuela ha cumplido a carta cabal su propósito.

Pero la forma de corrupción más generalizada ha estado en las llamadas compensaciones, el esquema en el que los países pagaban parte de sus deudas con productos alimenticios. En el papel, esta idea no sólo garantizaba seguridad alimentaria en Venezuela, que al contrario ha tenido al desabastecimiento como uno de sus principales sellos en los últimos años, sino que también fortalecería la industria nacional en cada país deudor. Sin embargo la investigación periodística de #Petrofraude demuestra cómo este mecanismo se prestó para triangulaciones, facturaciones con sobreprecio y hasta recompra de productos de países de destinos tan lejanos como Nueva Zelanda.

La falta de control permitió que algunos pocos tuvieran una inesperada bonanza gracias a los recursos de Venezuela, que pagaba productos en muchos de casos de baja calidad muy por encima de los precios internacionales de lo que costarían productos de primera calidad.

Por ejemplo, en uno de los documentos inéditos revelados por #Petrofraude se ve uno de los comentarios de puño y letra del presidente Nicolás Maduro: “Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, justo al lado de su firma aprobatoria. Este documento aprobó una oferta de importaciones de varios productos en los que se aceptó pagar precios por encima de referencias de mercado o a precios que rebasaban promedios de las décadas recientes para el país. Entre ellos estaban la carne de ganado a casi 5,690 dólares por tonelada, cuando en los 20 años previos los mejores promedios de exportación no habían superado los 5,000 dólares, según datos oficiales de ese país.

La operación aprobada por Maduro formó parte de un patrón. #Petrofraude documentó pagos de 145 millones por encima de los valores de mercado en la compra de café de dudosa calidad vendido por Nicaragua entre 2009 y 2013. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero, ¿quién se va a quejar en Venezuela?”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, zona donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”. Bajo el esquema de compensaciones, según datos de Pdvsa a los que accedió #Petrofraude, se habrían exportado más de 2,700 millones de dólares a través de una empresa binacional manejada por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Gran parte de ellos tuvieron diferenciales de precios que favorecieron a intermediarios cercanos al poder.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la Fedeagro, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios premium pero era de baja calidad”. Esta es una de las situaciones que confirma lo distante que terminó siendo en la práctica componentes claves de este ambicioso plan de cooperación que supuestamente ayudaría a superar la pobreza.

Una tendencia semejante a la que ocurrió con la compensación comercial sucedió con Guyana, el segundo mayor beneficiario del sistema. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran. Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de 700 dólares por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por 224 dólares menos.

Por esta vía se esquilmaron cientos de millones de dólares de los venezolanos que paradójicamente hoy no tiene siquiera como suplir sus alacenas con los productos más básicos.

Lee también: “El negocio que vació la mesa de los venezolanos”

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor como el petróleo, en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz. “El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático.

Ningún vocero actual de Pdvsa en Venezuela atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto ni tampoco involucrados directos como Merino, Bautista o Francisco López, el hombre de confianza de Ortega que en Nicaragua manejó la cooperación petrolera. Por su parte, Rafael Ramírez negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013. “Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.

Sin embargo, uno de estos informes de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de 3.700 millones de dólares, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento, fechado en abril de 2017, afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El conglomerado de empresas del lado venezolano a cargo de las compensaciones ha sido manejado principalmente por militares. Entre las personas claves en el manejo directo de estas operaciones también se han destacado Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo; y el fallecido Bernardo Álvarez, quien pasó de ser el secretario general de Petrocaribe y de Caribe, filial de Pdvsa que es socia en 12 empresas binacionales relacionadas con la ejecución de los convenios petroleros en igual número de países de la región, a ser embajador ante la OEA donde llegó a ser presidente de su Consejo Permanente.

Aún están por verse las sanciones a los responsables de tan gigantesco fraude. Sin embargo es sólo que ahora se expone de manera amplia la compleja madeja de años de giros sin mayor control. Por ahora lo único claro es este modelo venezolano de exportación del socialismo hace aguas, y con la sequía por la baja capacidad actual de seguir inyectando dólares a manos llenas, irá dejando al descubierto las debilidades de un modelo que se basó en gran medida en los multimillonarios recursos del petróleo, de un pueblo que hoy padece hambre.

#Petrofraude es una investigación colaborativa liderada por la plataforma latinoamericana de periodismo de investigación CONNECTAS en alianza con Confidencial de Nicaragua, El Pitazo de Venezuela, Diario Libre de República Dominicana y La Prensa Gráfica de El Salvador.