Diferencia de pagos por internet entre los comercios locales e internacionales supera los 42 mil millones de pesos

El pasado viernes 15 de mayo el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) inició una de las más grandes controversias en torno al desarrollo del comercio electrónico en la República Dominicana.

La historia se da paso con el anuncio de parte de Pro Consumidor de la suspensión de las ventas en línea para dos reconocidas empresas, porque según la institución “a estos tipos de comercios no les está permitido vender durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno dominicano.”

Dicha medida recibió fuertes críticas por parte de diversos sectores a través de redes sociales y medios de comunicación, que tildaron la medida como un retroceso y un fuerte golpe al desarrollo del comercio electrónico en el país.

Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario, explicó que con el estado de emergencia solo se suspendieron dos derechos, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Continuó exponiendo a través de su cuenta oficial de Twitter que “la libertad de empresa, industria y comercio, en los términos en que están consagradas en la Constitución, no son derechos pasibles de suspensión durante el estado de emergencia.”

Horas más tarde Pro Consumidor, que tiene como su misión la de “proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de normas jurídicas establecidas”, emitió otro comunicado, muy ambiguo, explicando que la medida es de carácter general y que no debieron mencionar nombres de empresas; además, la historia se enfocó en que el interés de la institución es de que “toda publicidad sea responsable.”

Luego la cuenta oficial de Pro Consumidor en Twitter (@proconsumidrord) enfocó la conversación sobre las medidas de seguridad al establecer: “Reiteramos que es clave en la actividad del comercio electrónico seguir los protocolos establecidos para evitar contagio por COVID-19 en los ciudadanos que distribuyen mercancías y en quienes las reciben en sus domicilios.”