Nicaragua: la maquinaria del miedo

Se nos hizo un nudo en la garganta y lloramos. No recuerdo un día tan feliz para los nicaragüenses en los últimos 5 años. El jueves 9 de febrero, mientras un avión llevaba a 222 prisioneros políticos a Estados Unidos, no había manera de despegarse de la transmisión en directo desde el aeropuerto Dulles en Washington, donde aterrizaron libres aunque desterrados.

La sorpresiva decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo planteó muchas interrogantes alrededor del mecanismo legal que usó la dictadura para sacar del país a los reos de conciencia. Pero poco duraron las elucubraciones. El aparato institucional actuó en cuestión de horas en función de los intereses del dictador y expuso sin rubor  las cartas del juego.

El magistrado Octavio Rothschuh, integrante del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia de un juez que declaró a los excarcelados traidores de la patria, los deportó y les quitó la nacionalidad. Casi en paralelo la Asamblea Nacional aprobaba esa mañana una reforma constitucional para quitar la “nicaraguanidad” a quienes cometieran actos contrarios “a los intereses de la Nación”.

Los actores institucionales cerraron filas. Lo asumieron como decisión del “Estado de Nicaragua”, aunque los juristas advirtieron que cualquier reforma a la carta magna para ser efectiva debe realizarse en dos legislaturas. Mientras esto ocurría, las imágenes conmovedoras de los reencuentros familiares quitaron el foco de la nueva barbaridad jurídica que incluye también el despojo perpetuo de los derechos de los desterrados.

A las seis de la tarde Ortega se dirigió a la nación, rodeado de comandantes militares, de la Policía, de la Fiscalía y de la Asamblea Nacional.  Confirmó que se trataba de una decisión unilateral que comunicaron a Estados Unidos aprovechando un viaje a su país del embajador estadounidense Kevin Sullivan.

La espiral de la violencia no parece tener fin, como tampoco la salida de miles de nicaragüenses al exilio en busca de seguridad o de un futuro económico que la dictadura ya no puede ofrecer. Las tiranías confiscan también el porvenir.

Los ciudadanos deben seguir luchando por los 38 reos de conciencia, como monseñor Rolando Álvarez, el obispo que ya en el avión le dijo a Ortega que no se iría, según afirmó el gobernante en su discurso vespertino del 9 de febrero. El religioso tomó esa decisión a pesar de que estaba preso en su casa desde el cuatro de agosto del año pasado y seguramente a conciencia de que ese acto de rebeldía tendría duras consecuencias. Y de hecho, el gobierno no pudo ser más cruel.

En efecto, el régimen ordenó cambiarle de prisión domiciliaria para enviarlo a la cárcel La Modelo en Tipitapa, la más grande del país, y al dia siguiente otro tribunal lo condenó a 26 años y cuatro meses tras las rejas. Ese proceso judicial, como tantos otros, le negó al obispo las mínimas garantías, como solo es posible en dictaduras como la nicaragüense, una de las más crueles de la historia reciente de América Latina.  No hay vara legal para medir tanta indecencia.

Recuperar a Nicaragua de las tinieblas requerirá construir una alternativa de poder que integre a la sociedad y ayude a rescatar del terror a tantos ciudadanos que día a día luchan silenciosamente. Pero no será fácil. Igual que en realidades bastante paralelas como la venezolana, se necesitan líderes políticos con la madurez necesaria para deponer los intereses particulares en función del país. Veremos si ahora esto cambia y ellos ayudan a transformar poco a poco a esta nación centroamericana tan violentamente dulce, como alguna vez la calificó Julio Cortázar.

* Pieza de análisis realizada por Octavio Enríquez para la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.