La Unión Europea aprueba una de las reformas migratorias más restrictivas de su historia

El Parlamento Europeo aprobó un nuevo Reglamento de Retornos que endurece significativamente la política migratoria comunitaria y abre la puerta a la expulsión de migrantes irregulares hacia centros de deportación ubicados en terceros países, incluso fuera del territorio de la Unión Europea.

La medida forma parte del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y busca aumentar la efectividad de las deportaciones, que actualmente apenas alcanzan una fracción de las órdenes de retorno emitidas por los Estados miembros. 

La reforma permitirá a los países de la UE trasladar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada a centros establecidos en naciones ajenas al bloque mientras se organiza su repatriación definitiva.

Estos llamados “centros de retorno” podrán funcionar como lugares de tránsito o como destino temporal para facilitar el regreso a los países de origen. La normativa exige que los Estados receptores respeten los derechos humanos y el principio internacional de no devolución. 

Nuevas sanciones

El reglamento también impone nuevas obligaciones a los migrantes sujetos a expulsión, quienes deberán cooperar con las autoridades durante el proceso de retorno. El incumplimiento podrá acarrear sanciones, reducción de beneficios sociales e incluso períodos más prolongados de detención administrativa. Asimismo, las personas consideradas un riesgo para la seguridad podrán ser sometidas a procedimientos acelerados de expulsión. 

La aprobación ha generado una fuerte división política en Europa. Los grupos conservadores y de derecha defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para recuperar el control de las fronteras y hacer más creíble el sistema migratorio europeo.

En contraste, socialistas, verdes y organizaciones de derechos humanos denunciaron que la medida podría vulnerar garantías fundamentales y externalizar la responsabilidad europea sobre los solicitantes de asilo. 

España figura entre los gobiernos más críticos con la reforma, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.