Crecimiento económico sin derechos efectivos: la deuda pendiente del Estado Constitucional

En los últimos años, el discurso oficial en la República Dominicana ha estado marcado por una narrativa de crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y avances en la reducción de la pobreza monetaria. Las cifras del Banco Central de la República Dominicana muestran expansión del PIB; los informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo resaltan mejoras en indicadores estratégicos; los organismos internacionales reconocen estabilidad.

Sin embargo, en la vida cotidiana del ciudadano común, esa prosperidad no siempre se percibe. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede hablarse de verdadero desarrollo cuando el crecimiento económico no se traduce en efectividad real de derechos fundamentales?

La Constitución dominicana no consagra un simple estado administrador de estadísticas. Define un Estado social y democrático de derecho. Esta fórmula no es retórica; es normativa. Implica que la actividad económica del Estado debe estar orientada a garantizar la dignidad humana y la efectividad de derechos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo digno.

El crecimiento del PIB, por sí solo, no satisface el mandato constitucional. Puede existir expansión económica y, simultáneamente, persistir salarios insuficientes, empleo informal, precariedad en los servicios públicos y profundas desigualdades territoriales. El derecho constitucional contemporáneo distingue claramente entre crecimiento y desarrollo humano.

Un estado Constitucional no se legitima por el aumento de cifras macroeconómicas, sino por la capacidad de transformar esas cifras en bienestar tangible. La efectividad de los derechos sociales no puede depender únicamente del “derrame” del mercado. Requiere políticas públicas redistributivas, inversión eficiente, control del gasto y un compromiso institucional serio con la equidad.

Cuando el ciudadano percibe que el costo de la vida aumenta más rápido que su ingreso; cuando el acceso a servicios básicos sigue siendo deficiente; cuando el empleo formal no crece al ritmo de la economía; se produce una fractura entre el discurso oficial y la realidad social. Esa brecha erosiona la confianza en las instituciones.

El Estado Constitucional impone un estándar más alto: no basta administrar la economía; hay que garantizar derechos. No basta crecer; hay que incluir. No basta mostrar estabilidad; hay que asegurar movilidad social.

El verdadero termómetro del desarrollo no es únicamente la macroeconomía, sino la dignidad material de la persona. En la medida en que la salud pública sea accesible y eficiente, que la educación sea de calidad, que el trabajo sea formal y digno, y que la seguridad social funcione, entonces y solo entonces el crecimiento económico podrá considerarse desarrollo constitucionalmente relevante.

La discusión no es ideológica; es jurídica. El mandato constitucional obliga a convertir el crecimiento en derechos efectivos. Esa es la vara con la que debe medirse toda gestión pública en un Estado social y democrático de derecho.

Porque en un verdadero estado Constitucional, la economía no es un fin en sí mismo: es un instrumento al servicio de la dignidad humana.