“Cuando se va la luz”: una oportunidad para rediseñar el sistema nervioso del país

Son las siete de la noche. Rosa, madre de tres hijos en Los Alcarrizos, intenta ayudar a su hijo menor con la tarea escolar. De repente, el ventilador se detiene, la habitación queda en penumbra y la nevera deja de zumbar. Se fue la luz. Otra vez.

A pocos kilómetros, en una pequeña empresa de manufactura en la zona industrial de Herrera, los supervisores observan cómo una interrupción inesperada detiene la línea de producción. El cliente del exterior esperará. La factura del generador de diésel, que duplica el costo de la electricidad formal, seguirá creciendo.

Estas dos escenas, repetidas con frecuencia en el territorio nacional, ilustran con claridad por qué el sector eléctrico es hoy la conversación más importante que el país tiene pendiente. No es una recriminación, es la identificación de una oportunidad: la de construir, entre el Estado y el sector privado, un sistema energético que sea el motor real de la competitividad dominicana en las próximas décadas.

El costo compartido de la brecha energética

La interrupción del suministro eléctrico no es únicamente una incomodidad doméstica. Es un costo que recae sobre toda la cadena productiva. Las empresas de manufactura, turismo, agroindustria y servicios destinan entre el 15% y el 25% de sus costos operativos a energía y a sus sustitutos, plantas de emergencia, baterías, inversores, que existen para garantizar continuidad ante las fallas de la red. Las tarifas industriales dominicanas superan en un 21% el promedio regional, lo que representa una brecha de competitividad real frente a los socios del DR-CAFTA.

Este es quizás el motivante o el punto de partida de una transformación. En un mundo que compite por atraer manufactura avanzada, servicios digitales y centros de datos, la confiabilidad energética es una condición de entrada. Mejorarla es, al mismo tiempo, una decisión de desarrollo económico y de justicia social.

Un nuevo triángulo estratégico: las 3S de la energía

Durante la última década, el debate energético global giró en torno a tres principios: descarbonizar, descentralizar y digitalizar. Ese paradigma impulsó avances importantes, pero la geopolítica reciente, tensiones en cadenas de suministro de combustibles, volatilidad en los mercados de gas natural y carbón, reconfiguración

del comercio internacional, ha enriquecido ese marco con un triángulo estratégico más completo: Sostenibilidad, Seguridad y Soberanía.

Sostenibilidad no solo ambiental, sino económica: que las inversiones en el sector sean financieramente viables a largo plazo, que los mecanismos de precio reflejen costos reales de forma gradual y equitativa, y que los recursos públicos destinados al sector puedan redirigirse progresivamente hacia salud, educación e infraestructura.

Seguridad de suministro: que el sistema pueda responder a una demanda que crece al 10% anual sin interrupciones que penalicen a quienes cumplen con sus obligaciones.

Soberanía energética: la capacidad de tomar decisiones estratégicas con autonomía, reduciendo la exposición a mercados internacionales de combustibles sobre los que el país no tiene control. Con más del 80% de la generación dependiendo de gas natural, carbón y fuel oil importados, construir esa soberanía es una prioridad de Estado. Señales robustas a inversionistas de largo plazo. Contratos que hagan sentido para ese tipo de inversiones.

Tres frentes donde el Estado y el sector privado pueden avanzar juntos

El camino no es unilateral. Requiere una alianza real entre instituciones públicas y actores privados, con roles claros y metas compartidas.

El primer frente es la modernización de las redes de distribución. El financiamiento de USD 225 millones aprobado por el Banco Mundial para rehabilitación de redes y medición inteligente es una palanca extraordinaria. La instalación acelerada de medidores, que permitiría facturar energía que hoy se pierde, es quizás la intervención con mayor retorno inmediato para las finanzas del sector y para la calidad del servicio al usuario.

El segundo frente es la integración efectiva de las renovables. La capacidad solar instalada ya representa el 41% del segmento renovable y la capacidad renovable total alcanza el 31,8% del sistema, un logro significativo. El siguiente paso es reducir la brecha entre esa capacidad instalada y la generación efectiva, que aún ronda el 16,6%. Invertir en almacenamiento de energía y en flexibilidad operativa de la red permitirá que cada megavatio renovable instalado se traduzca en energía real entregada, con menor dependencia de combustibles importados.

El tercer frente es la profundización de la generación distribuida y los esquemas de autoconsumo. Que empresas, centros comerciales, zonas industriales y hogares puedan generar parte de su propia energía, y eventualmente compartirla con la red, no compite con el sistema público: lo complementa. Más producción local, más

distribuida y más limpia reduce la presión sobre las redes troncales y libera capacidad para quienes más la necesitan.

Una construcción conjunta

Decirlo es más fácil que hacerlo. Omitir el hecho, es un riesgo que el país no se puede permitir. Sin duda todo esto, una gran oportunidad para construir y transformar sueños y deseos en realidades.

El sector eléctrico dominicano no necesita un rescate: necesita un pacto. Un acuerdo de largo plazo entre el Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar el servicio universal y la regulación, y el sector privado, que tiene la capacidad de invertir, innovar y ejecutar con agilidad. Países de tamaño comparable han logrado transformar sus matrices energéticas en plazos de una década cuando ese pacto fue genuino y sostenido.

La energía eléctrica es el sistema nervioso de la economía moderna. Fortalecerlo es, en el fondo, la decisión de qué país quiere ser República Dominicana en el concierto regional de las próximas décadas.

Rosa, en Los Alcarrizos, lo espera. Las empresas que compiten globalmente desde suelo dominicano, también.