Dejaron tarea…

El título hace referencia a una expresión que resuena en cada hogar dominicano con hijos en la escuela. La República Dominicana ha demostrado una notable capacidad para crecer, construir infraestructura, atraer inversión, sostener estabilidad macroeconómica y proyectarse como una de las economías más dinámicas de la región. Pocos países han podido, en medio de crisis internacionales, tensiones políticas y cambios sociales profundos, mantener una trayectoria de expansión y confianza relativa.

Pero cada etapa histórica trae su propia pregunta.

¿Puede un país crecer si no sabe decidir?

Ese es, tal vez, el problema más importante que tenemos por delante. No se trata únicamente de tener proyectos, recursos, capital, leyes, instituciones o discursos de desarrollo. Se trata de saber convertir todo eso en decisiones legítimas, oportunas, técnicamente fundamentadas y socialmente comprendidas. Porque una nación no madura solamente cuando crece. Madura cuando aprende a gobernar su crecimiento.

La República Dominicana enfrenta hoy una tensión que atraviesa casi todos sus sectores estratégicos.

Queremos participación social, pero muchas veces confundimos participación con veto, consulta con paralización y autoridad con imposición. Queremos desarrollo territorial, pero no terminamos de ordenar el territorio. Queremos seguridad jurídica, pero con frecuencia sometemos las decisiones al ruido del momento.

Ese es el verdadero problema.

No es solo minería. No es solo turismo. No es solo energía. No es solo agua. No es solo infraestructura. Es la dificultad del Estado dominicano para procesar decisiones complejas sin convertir cada una de ellas en una crisis.

Cuando un país decide caso por caso, presión por presión, expediente por expediente y coyuntura por coyuntura, termina debilitando a todos. Debilita al Estado, porque pierde autoridad cuando no decide o cuando decide tarde. Debilita al inversionista, porque no sabe a que atenerse. Debilita a la comunidad, porque queda atrapada entre promesas y parálisis.

El problema, por tanto, no es decidir. El problema es cómo estamos decidiendo.

Un país que aspira a duplicar su economía, mejorar sus servicios públicos, diversificar su matriz productiva, atraer inversión responsable y fortalecer su posición internacional no puede seguir tratando sus temas estratégicos como excepciones incómodas. Necesita reglas capaces de sobrevivir al ruido, instituciones que inspiren confianza, procesos previsibles, autoridades técnicas, participación social ordenada y rendición de cuentas.

Y necesita, sobre todo, entender que la legitimidad no nace al final de una decisión. Nace en el proceso.

Una decisión puede ser legal y aun así carecer de confianza social. Puede ser técnicamente correcta y aun así ser políticamente frágil. Puede responder a un expediente y aun así no responder a una preocupación ciudadana. Por eso, el desafío institucional del siglo XXI no consiste solamente en producir autorizaciones, permisos o resoluciones. Consiste en construir procesos que permitan entender qué se evalúa, quién decide, bajo cuáles criterios, en qué tiempo, con qué consecuencias y con qué mecanismos de supervisión.

Ahí está la diferencia entre administrar expedientes y gobernar un país.

La discusión sobre los recursos estratégicos revela con mucha claridad esta tensión. Los recursos naturales pertenecen al interés general. No pueden ser tratados como bienes ordinarios ni como simples oportunidades privadas. Pero tampoco pueden ser administrados desde la improvisación, la discrecionalidad o el temor político. El Estado debe ejercer autoridad, pero una autoridad técnica, transparente, coordinada y confiable.

La seguridad jurídica, en ese sentido, no es un privilegio empresarial. Es una condición del desarrollo. Protege al inversionista, sí, pero también protege al Estado, a las comunidades y al ambiente, porque obliga a que todos sepan a qué atenerse. Sin seguridad jurídica no hay inversión responsable. Pero sin legitimidad social tampoco hay desarrollo sostenible.

Ese equilibrio es el centro de cualquier país responsable.

La República Dominicana ya no puede conformarse con crecer materialmente mientras posterga su madurez institucional. Las obras importan, la inversión importa, el empleo importa, la estabilidad importa. Pero todo eso será insuficiente si el país no desarrolla una capacidad más profunda: decidir bien.

Decidir bien no significa imponer. Tampoco significa paralizar. Significa ordenar. Significa escuchar sin renunciar a la autoridad, evaluar sin eternizar la incertidumbre, y reconocer en política pública. Significa promover inversión sin ignorar el territorio. Significa reconocer que el desarrollo no se construye contra las comunidades, pero tampoco puede quedar rehén del miedo.

El país necesita pasar de la reacción a la gobernanza.

Ese tránsito exige instituciones capaces de sostener decisiones difíciles. Porque las decisiones fáciles no prueban la madurez de una nación. La prueban aquellas donde chocan intereses legítimos: desarrollo y ambiente, inversión y territorio, comunidad y Estado, productividad y sostenibilidad, crecimiento y confianza.

Ahí se ve si un país tiene instituciones o solo tiene coyunturas.

El momento actual exige una conversación más alta. No basta preguntar si un proyecto conviene o no conviene. Hay que preguntar si tenemos procesos suficientemente serios para saberlo. La pregunta no es si queremos inversión, ambiente protegido o participación social. La pregunta es si tenemos procesos establecidos y responsables para combinar todo eso. Y esa pregunta aún no tiene respuesta.

La gran tarea dominicana no es escoger entre desarrollo y prudencia. Es construir instituciones que permitan ambas cosas.

Esa combinación exige madurez.

Por eso, la pregunta de este tiempo no es simplemente qué país queremos ser. Esa pregunta sigue siendo importante. Pero hay una más urgente:

¿Tenemos instituciones capaces de decidir el país que decimos querer?

Si la respuesta es no, entonces cada proyecto estratégico seguirá convirtiéndose en un campo de batalla. Si la respuesta es no, seguiremos confundiendo prudencia con inmovilidad, autoridad con imposición y participación con veto. Si la respuesta es no, el crecimiento económico seguirá caminando más rápido que nuestra capacidad institucional para gobernarlo.

Pero si la respuesta puede empezar a ser sí, entonces la República Dominicana entrará en una nueva etapa: la etapa en que no solo crece, sino que decide con madurez; no solo atrae inversión, sino que la ordena; no solo escucha a la sociedad, sino que convierte esa escucha en legitimidad; no solo protege sus recursos, sino que los gobierna con visión de Estado.

La República Dominicana ha demostrado que sabe crecer. Ha construido carreteras, atraído inversión, sostenido su economía en medio de crisis que hundieron a otros. Eso es real y no debe minimizarse. Pero crecer no es lo mismo que gobernar el crecimiento. Y ese es el salto que aún está pendiente. No es un salto de recursos ni de voluntad política declarada. Es un salto institucional. Es si tenemos instituciones capaces de decidir el país que decimos querer.

Y cada día seguiré llegando a casa y preguntaré… ¿Dejaron tarea?