La ley no puede quedarse en el papel

Hay lugares desde los cuales el país se entiende de otra manera. Dajabón es uno de ellos. Esta semana regresaré allí para iniciar un recorrido que, cada lunes y viernes hasta diciembre, nos llevará por las 32 provincias alrededor del nuevo Código Penal. Mientras preparaba esa primera jornada pensé que difícilmente habríamos podido escoger un punto de partida con mayor significado. En esa provincia se encuentra Capotillo, desde donde comenzó en agosto de 1863 la gesta restauradora, y allí todavía hoy palabras como territorio, soberanía, comercio, convivencia, autoridad y ciudadanía adquieren una dimensión particularmente concreta. Comenzar en Dajabón es también recordar que la República no existe solamente en las leyes que aprobamos o en las instituciones nacionales que construimos; existe, sobre todo, allí donde un ciudadano necesita ejercer un derecho y encuentra —o no encuentra— un Estado capaz de hacerlo efectivo.

Durante años he llegado a una conclusión aparentemente sencilla: un derecho que una persona desconoce es un derecho que tendrá mayores dificultades para ejercer. Con la ley sucede algo parecido. Podemos aprobar reformas largamente esperadas, modernizar nuestro ordenamiento jurídico y producir normas técnicamente rigurosas, pero entre la publicación de una ley y su capacidad real para ordenar la convivencia existe un territorio que con demasiada frecuencia descuidamos: el de la comprensión. Una norma puede estar plenamente vigente y, sin embargo, permanecer lejos de la vida cotidiana si las personas no saben qué significa para ellas, qué derechos protege, qué responsabilidades establece y qué pueden hacer cuando enfrentan una situación que requiere la intervención de las instituciones.

El nuevo Código Penal ofrece una oportunidad extraordinaria para trabajar precisamente sobre esa distancia. Después de más de un siglo bajo una legislación cuyo origen se remontaba a 1884, el país inicia una nueva etapa jurídica. La conversación pública se ha concentrado, comprensiblemente, en artículos, penas, nuevas figuras y controversias. Todo eso es necesario. Pero existe una pregunta igualmente importante: ¿cómo conseguimos que una persona que no es abogado comprenda qué significa esta legislación para su familia, su trabajo, su patrimonio, su comportamiento en las redes sociales y su convivencia con los demás? El programa académico que hemos preparado parte precisamente de ese principio: conocer el Código Penal no significa memorizar artículos y penas, sino reconocer situaciones que pueden afectar nuestros derechos y saber qué hacer ante ellas. 

Hay, además, un fundamento constitucional detrás de esta decisión. La Constitución define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho y establece como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. Cuando posteriormente atribuye al Defensor del Pueblo la misión de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales, no describe una responsabilidad que deba comenzar solamente después de producida una vulneración. La protección también puede ser preventiva: educar, orientar y proporcionar herramientas para reconocer cuándo un derecho está en riesgo es una manera concreta de acercar las garantías constitucionales a la vida de las personas. Esa concepción es coherente con una visión más amplia de ciudadanía constitucional: conocer los derechos, comprender las instituciones y saber cómo activarlas cuando sea necesario. 

Por eso hemos querido construir algo bastante más riguroso que una sucesión de conferencias. Existe una metodología y cada componente cumple una función dentro de ella. Partimos de una guía elaborada por el Ministerio Público y presentada por el Poder Ejecutivo, “Código Penal para todos y todas”, porque la institucionalidad también consiste en reconocer aquello que otra institución ha hecho bien, aprovecharlo y agregar valor en lugar de duplicar esfuerzos. A partir de esa fuente se construye la adaptación pedagógica; se preparan facilitadores bajo un programa común; se convoca en cada territorio a las instituciones públicas, alcaldías, gobiernos locales, mesas comunitarias, juntas de vecinos, organizaciones sociales, jóvenes y liderazgos territoriales; y se desarrolla una formación que combina explicación, situaciones cotidianas, conversación y aplicación práctica. El programa está concebido precisamente para ciudadanía, líderes comunitarios, juntas de vecinos, organizaciones sociales, jóvenes y actores territoriales, y combina 75 minutos de formación teórica con 20 minutos de trabajo práctico. 

La decisión pedagógica también es deliberada. No comenzamos por el número de un artículo, sino por la vida. ¿Recibir una fotografía privada significa tener autorización para publicarla? ¿Todo problema económico constituye una estafa? ¿Qué ocurre cuando una persona amenaza reiteradamente a su expareja? ¿Una discusión por una deuda constituye necesariamente una infracción penal? A partir de situaciones reconocibles se introduce la norma, se plantean preguntas y se obliga al participante a razonar. La dinámica final incluso incorpora tres respuestas posibles: puede existir una infracción penal, no necesariamente existe o necesitamos más información. Esa tercera posibilidad me parece particularmente educativa, porque también debemos enseñar algo fundamental para una sociedad democrática: no toda controversia admite respuestas apresuradas y no toda acusación constituye una condena.

El aprendizaje desemboca en una ruta práctica resumida en cinco verbos: reconocer, proteger, conservar, orientarse y actuar. Reconocer cuándo una situación puede superar un conflicto ordinario; proteger a la persona afectada; conservar, cuando sea seguro, mensajes, documentos, fotografías u otras posibles evidencias; buscar orientación adecuada; y actuar ante la autoridad competente cuando corresponda. El propio programa establece una precisión que considero indispensable: denunciar no significa condenar. La protección de quien puede haber sido víctima y las garantías del debido proceso no compiten entre sí; ambas forman parte del Estado de derecho que debemos preservar. 

Los tarjetones son otra pieza de ese método. No los concibo como material promocional, sino como herramientas de permanencia y multiplicación. Traducen contenidos jurídicos a mensajes y situaciones comprensibles que una persona puede llevar consigo, consultar posteriormente y compartir en su familia, una junta de vecinos, una mesa comunitaria o una organización social. La jornada termina; la herramienta permanece. Y cuando quienes participan pueden transmitir lo aprendido a sus propias redes, dejamos de hablar solamente de asistentes y comenzamos a hablar de capacidad instalada en el territorio.

A esa dimensión presencial se agrega un ecosistema que busca ampliar el alcance y garantizar continuidad: transmisión por streaming para que la conversación provincial pueda ser seguida desde otros lugares; un landing page que concentre contenidos y recursos; facilitadores bajo una metodología común; el conversatorio para introducir las preguntas del territorio; los materiales pedagógicos para extender el aprendizaje; y el Aula Virtual del Defensor del Pueblo como espacio donde la formación pueda continuar después de concluida cada jornada. La lógica es sencilla: una actividad tiene hora de inicio y de cierre; un sistema de formación debe poder continuar funcionando después de que quienes lo organizaron abandonen el salón.

Ahí está, para mí, una diferencia fundamental entre hacer actividades y construir institucionalidad. Durante demasiado tiempo la gestión pública ha encontrado satisfacción en contabilizar talleres realizados, personas convocadas, provincias visitadas y materiales distribuidos. Todos son indicadores necesarios, pero ninguno responde por sí solo a la pregunta verdaderamente importante: ¿qué capacidad quedó instalada después de nuestra intervención? Si una junta de vecinos puede orientar mejor, si una mesa comunitaria conoce una ruta para canalizar una situación, si un ciudadano puede reconocer un riesgo, si una alcaldía sabe con qué institución debe articularse y si el contenido sigue circulando digitalmente después de nuestra partida, entonces comenzamos a movernos desde la actividad hacia el resultado.

Pero existe una pieza adicional sin la cual el método estaría incompleto: escuchar. Si cada lunes y viernes hasta diciembre vamos a encontrarnos con autoridades locales, instituciones y organizaciones comunitarias de las distintas provincias, sería un desperdicio utilizar ese despliegue solamente para explicarles algo. Quiero conocer qué situaciones están viendo, cuáles preguntas se repiten, dónde encuentran dificultades para orientar a las personas y qué problemas de coordinación aparecen entre las instituciones. El territorio no puede ser únicamente el lugar donde el Estado ejecuta decisiones tomadas desde el centro; debe convertirse también en una fuente de conocimiento para mejorarlas.

Esta idea forma parte de una convicción que he venido planteando alrededor del nuevo Código Penal. Una democracia sólida no se distingue solamente por su capacidad para aprobar leyes, sino por su disposición para implementarlas correctamente, observar sus resultados, evaluarlas y perfeccionarlas cuando la evidencia demuestra que pueden ser mejores. Es la diferencia entre un Estado que simplemente legisla y un Estado que aprende (Palabras del Defendor del Pueblo - Panel de Alto Nivel “Perspectiva de la Implementacio´n del Nuevo Código Penal”). Las mejores instituciones no son aquellas que nunca necesitan corregirse; son aquellas capaces de escuchar, aprender y mejorar sin apartarse de la Constitución ni de sus responsabilidades.

Por eso el recorrido debe producir conocimiento en ambas direcciones. Desde las instituciones hacia el territorio viajarán la guía, los facilitadores, la formación, los tarjetones y los recursos digitales. Desde el territorio hacia las instituciones deben regresar preguntas, experiencias, dificultades y aprendizajes. No quiero que recorramos 32 provincias solamente para enseñar; quiero que después de recorrerlas entendamos mejor las 32 provincias. Esa reciprocidad es una de las condiciones de una institucionalidad verdaderamente territorial.

Dajabón adquiere entonces un significado que trasciende ser la primera parada del calendario. Capotillo nos recuerda a una generación que tuvo que luchar para restaurar la República. A nosotros nos corresponde una tarea distinta, cotidiana y profundamente democrática: hacer que esa República funcione mejor para todos. Que vivir lejos de Santo Domingo no signifique vivir más lejos de la ley; que comprender un derecho no dependa del nivel educativo o de la capacidad económica de una persona; que las instituciones nacionales y locales sepan encontrarse alrededor de los problemas de la gente; y que el conocimiento del Estado llegue al territorio mientras el conocimiento del territorio encuentra también un camino de regreso hacia el Estado.

Cuando terminemos en diciembre, el éxito no debería medirse solamente diciendo que llegamos a las 32 provincias. Tendremos que preguntarnos cuánto comprendieron los participantes, qué capacidad quedó en las redes comunitarias, cuánto ampliaron el alcance las herramientas digitales, qué preguntas aparecieron repetidamente, qué aprendimos de los territorios y qué debemos hacer mejor después de escuchar al país. Ese es el rigor metodológico que debemos exigirle a la acción pública: no confundir movimiento con resultado, presencia con transformación ni ejecución con impacto.

Esta semana comenzaremos en Dajabón. Después vendrán, cada lunes y viernes, las demás provincias hasta diciembre. Y quizás al finalizar descubramos que el aprendizaje más importante no fue únicamente conseguir que más ciudadanos comprendieran el nuevo Código Penal, sino demostrar que existe otra manera de relacionar al Estado con la ciudadanía: explicar antes de exigir, prevenir antes de reparar, articular antes que duplicar, medir antes de celebrar y escuchar antes de decidir.

Porque las leyes, por sí solas, no transforman una nación. Lo hacen las instituciones cuando consiguen convertirlas en derechos efectivos, los servidores públicos cuando las aplican con integridad y los ciudadanos cuando las comprenden y las incorporan a su convivencia. 

La ley no puede quedarse en el papel. Tiene que llegar a la gente y convertirse en ciudadanía.

Vamos por lo que nos une.