Políticas sociales para el desarrollo productivo en la era de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una discusión tecnológica. Se está convirtiendo aceleradamente en un desafío económico, social, institucional y democrático. La cuestión de fondo es profundamente humana: ¿cómo evitar que esta transformación amplíe la desigualdad, la exclusión y la fragilidad social?

A escala global, el debate ya no gira en torno a si la IA transformará el mundo del trabajo, sino a la velocidad, profundidad y distribución de sus efectos. El cambio comienza a manifestarse en servicios administrativos, call centers, soporte digital y otras tareas repetitivas. Probablemente modificará primero tareas y funciones antes que empleos completos, pero sus efectos sobre los ingresos, la calidad del empleo y la demanda de nuevas competencias podrían sentirse mucho antes de lo esperado.

Para la República Dominicana, el desafío es particularmente relevante. La informalidad laboral promedió 54.1 % en 2025 y aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 24 años está fuera del estudio, el empleo y la formación. Son vulnerabilidades críticas cuando el cambio tecnológico demandará mayores competencias, aprendizaje continuo y capacidad de adaptación.

Algunos segmentos de las zonas francas y, particularmente, los servicios de BPO y call centers merecen especial atención. Las actividades intensivas en tareas rutinarias podrían transformarse más rápidamente con la automatización. Paralelamente, emerge una economía digital con rasgos tecnofeudalistas: concentración del poder tecnológico, dominio de grandes plataformas, control de datos y algoritmos y apropiación desigual de las ganancias de productividad. El reto será avanzar hacia una competitividad sustentada en conocimiento, innovación y mayor valor agregado.

Esta transformación ofrece una ventana estratégica para fortalecer el capital humano y modernizar las capacidades institucionales. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente. El desafío no será solamente adoptar nuevas tecnologías, sino desarrollar a tiempo la capacidad para gobernar sus efectos. La velocidad tecnológica podría superar la velocidad institucional.

En este contexto, las políticas sociales no podrán limitarse a mecanismos compensatorios frente a la pobreza. Sin abandonar su función esencial de protección y garantía de derechos, deberán articularse con el desarrollo productivo, la empleabilidad, la formación, la innovación y la adaptación económica. La política social del siglo XXI tendrá que ser protectora e inclusiva, pero también productiva, adaptativa y estratégica.

América Latina enfrenta esta transición con problemas estructurales de informalidad, baja productividad y brechas de capacidades. En ese escenario, la brecha digital adquiere importancia estratégica. Según la ONE, en 2022 apenas el 21.5 % de la población dominicana de 10 años y más contaba con conectividad significativa. Pero en la era de la IA, la brecha no se define solo por el acceso a internet, sino por la posibilidad de convertir la tecnología en aprendizaje, productividad y oportunidades. Conectividad significativa, competencias digitales y formación continua serán condiciones crecientes de inclusión económica y movilidad social.

Este cambio de época obliga también a repensar prospectivamente la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END-RD). La IA, la automatización, la economía de plataformas y la reorganización de la producción mundial están alterando los supuestos sobre empleo, productividad, educación, protección social y competitividad. El país necesita anticipar estas transformaciones y articular políticas sociales, educativas y productivas para desarrollar capital humano, fortalecer la institucionalidad e impulsar una economía de mayor productividad y valor agregado.

Ello exige una articulación más estrecha entre protección social, formación y empleo. La protección social deberá continuar garantizando ingresos y derechos frente a contingencias y vulnerabilidades, pero conectarse eficazmente con políticas de formación continua, reconversión de competencias, intermediación laboral y emprendimiento. Ante mercados de trabajo sometidos a cambios acelerados, deberá también acompañar las trayectorias hacia nuevas oportunidades de empleo y movilidad económica.

La propia IA puede fortalecer la capacidad institucional del Estado: mejorar la interoperabilidad, contribuir a una mejor focalización, anticipar riesgos sociales y fortalecer el monitoreo y la evaluación. Pero la tecnología no corrige por sí sola instituciones débiles; también puede amplificar sus fallas. Su utilización deberá acompañarse de transparencia, protección de datos, supervisión humana y rendición de cuentas, evitando sustituir la discrecionalidad pública por una nueva opacidad algorítmica.

La magnitud de esta transformación exige una gobernanza capaz de anticipar sus efectos y coordinar respuestas. El país debería impulsar una Mesa Nacional de Inteligencia Artificial, Trabajo y Protección Social que articule Estado, empleadores, trabajadores, academia, asociaciones profesionales y sociedad civil. Su propósito no sería producir otro diagnóstico, sino acordar una hoja de ruta con prioridades, metas, responsabilidades y seguimiento en formación, reconversión laboral, productividad, protección social, regulación y adaptación institucional. Gobernar la transición será tan importante como adoptar la tecnología.

Como han planteado, desde perspectivas distintas, Mariana Mazzucato y Daron Acemoglu, la innovación tecnológica no conduce automáticamente al bienestar colectivo. Importan la dirección del cambio tecnológico, la calidad institucional y la capacidad de convertir productividad en mejores empleos, ingresos y oportunidades. La cuestión no será solamente cuánto valor genere la IA, sino quién participa en su creación, cómo se distribuyen sus beneficios y en qué medida se traducen en desarrollo humano y movilidad social.

La dimensión democrática tampoco puede quedar al margen. El PNUD advierte que las democracias latinoamericanas enfrentan presiones donde desigualdades estructurales convergen con amenazas emergentes, incluida la aceleración tecnológica. La IA no debilita por sí misma la democracia; el riesgo surge cuando sus oportunidades se distribuyen de manera profundamente desigual o las instituciones carecen de capacidad para gobernar la transición. Preservar la cohesión social será también una cuestión de desarrollo y gobernanza democrática.

La dimensión ética es igualmente ineludible. En su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV sitúa la dignidad de la persona y el bien común en el centro de la transformación tecnológica. El principio es esencial: la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no las personas subordinadas a la lógica de la tecnología.

La IA puede ampliar la productividad; la gran pregunta es si nuestras instituciones podrán convertirla en bienestar colectivo. En la era de la inteligencia artificial, las sociedades más resilientes no serán necesariamente las que dispongan de más tecnología, sino aquellas capaces de fortalecer sus instituciones, desarrollar capacidades humanas y transformar la innovación en oportunidades, cohesión social y desarrollo.