No importa el nombre

Puede llamarse barrilito. O como prefieren los senadores, Programa de Asistencia Social. Son aproximadamente 250 millones de pesos al año (que se sepa) que los senadores utilizan para repartir en su nombre en las provincias donde luego piden el voto.

Es legal, porque ellos son los que aprueban el presupuesto. Pero es un abuso de poder y una manipulación de su electorado financiada con el dinero de los contribuyentes. Porque la asistencia, la caridad, la filantropía, la ayuda se debe hacer con el dinero propio, no con el ajeno.

Como comentaba recientemente un periodista, tampoco los legisladores se han encontrado con una protesta social en las puertas del Senado como se encontró la Junta en la Plaza de la Bandera. Se rechaza, pero no se combate con determinación. El barrilito es parte de la corrupción sistémica que se ha mimetizado en la realidad política nacional.

Los legisladores jóvenes basaron parte de su campaña en denunciar esta anomalía democrática y prometer que introducirían proyectos para eliminarlo. Han perdido la oportunidad de hacer ver que tienen otra visión de la política, que los viejos vicios pueden combatirse desde dentro y que están dispuestos a regenerar la democracia.

La función de los senadores no es brindar asistencia social. Son representantes de sus provincias y podrían si quisieran ejercer grandes presiones para que los planes sociales del Gobierno de turno lleguen a sus demarcaciones.

Tampoco valen eufemismos como Oficina Técnica Legislativa. Eso tiene toda la vocación de convertirse en una oficina política para uso y ventaja de quien la dirija.

El Senado tiene funciones definidas en un Estado que respeta la separación de poderes. El barrilito no entra ahí.