Vacunarse o no

¿Puede despedirse a un empleado por no vacunarse o un alcalde prohibir la entrada a los espacios públicos si no se muestra una tarjeta de vacunación? ¿Puede, en fin, un gobierno imponer la vacunación obligatoria en una situación de pandemia?

El debate se ha calentado ante las nuevas restricciones horarias, el aumento de los contagios y el estrés hospitalario, que es el término elegante para decir que los hospitales están casi llenos y que no hay camas...

Empresarios que exigen a los empleados que se vacunen, trabajadoras domésticas despedidas porque se niegan a hacerlo, abogados que defienden que la ley lo permite y otros que lo niegan esgrimiendo unos y otros los mismos artículos. “Si no se puede matricular a un niño en la escuela sin sus vacunas al día... ¿por qué no se puede obligar a los adultos a hacerlo en una situación de pandemia?”, se pregunta un periodista...

Derechos constitucionales, ley de salud, interés general sobre el individual, deontología médica, poderes extraordinarios, estado de emergencia... las aristas del debate son múltiples y probablemente no haya una respuesta rápida ni unánime. La situación médica, política, económica y social evoluciona como el propio virus: con variantes imprevistas.

Los gobiernos democráticos han manejado la situación como han podido y/o han sabido. Pero está claro que ha sido a base de controlar a los ciudadanos: han cerrado escuelas, parado la economía, prohibido las reuniones. Por nuestro bien, se ha asumido. Pero en algún punto tienen que contar la libertad y responsabilidad individuales.

No, no es lo mismo exigir una PCR para entrar a un país o acceder a una oficina que obligar a vacunarse.

¿Hay que vacunarse? Sí. ¿Pueden obligarme? No.