Caso Wesoloswki: retos para la Iglesia católica

El lunes 23 de junio monseñor Víctor Masalles expresó en su cuenta de Twitter que para él "fue una sorpresa ver a Wesolowski pasearse por la Vía della Scrofa en Roma. El silencio de la Iglesia ha herido al pueblo de Dios". Palabras valientes, sin duda, que hicieron pensar a muchos que la complicidad y la impunidad prevalecerían en el tratamiento que la Santa Sede le daría a Józef Wesolowski, quien fuera su Nuncio Apostólico en República Dominicana durante casi siete años, por los actos de pedofilia y abuso sexual que cometió en el país, según las investigaciones realizadas por la propia Iglesia católica.

Por eso, cuando al final de esa semana la Santa Sede anunció que la Congregación para la Doctrina de la Fe había hallado culpable a Wesolowski por los hechos cometidos en República Dominicana, y le había impuesto la pena más severa en virtud del Derecho canónico, esto es, la dimisión del estado clerical o el despojo de su condición sacerdotal, hubo una sensación de alivio y satisfacción en el gobierno, en la feligresía católica, y en muchos círculos de opinión pública del país. Vale decir que Wesolowski es el oficial clerical más alto en recibir esta condena, lo que sitúa al caso dominicano en el centro de atención de quienes siguen con interés lo que la Iglesia católica hará bajo el liderazgo del papa Francisco con los casos de pedofilia y abusos sexuales cometidos por sacerdotes y jerarcas católicos en decenas de jurisdicciones en diferentes partes del mundo.

Desde el punto de vista legal, los retos para la Iglesia católica en el caso Wesolowski son enormes. La Santa Sede ha optado por ejercer la potestad sancionadora tanto en lo que le respecta al Derecho canónico, lo que le es propio, como en lo que concierne a la aplicación del Derecho penal sobre hechos cometidos en otra jurisdicción, por lo que no ha descartado extraditar a Wesolowski hacia República Dominicana como reclaman muchos sectores que, con toda razón, desean ver al exnuncio sometido al escrutinio judicial por los hechos que cometió durante su larga estadía como diplomático en el país. Algunas interrogantes surgen en el contexto de este caso: ¿cuenta la justicia penal de la Santa Sede con los procedimientos apropiados para obtener las pruebas que le sirvan de base para la acusación y la eventual condena a Wesolowski? ¿Se solicitará la colaboración del Ministerio Público dominicano? ¿Se ventilarán públicamente los juicios para que estos tengan la transparencia, la objetividad y la legitimidad que requiere todo proceso penal? ¿Contempla la justicia del Vaticano un régimen de compensación civil para las víctimas? ¿Estarán estas representadas en el juicio contra Wesolowski? ¿Dispondrá este último de las garantías del debido proceso para ejercer su derecho de defensa como le corresponde a todo justiciable?

Estas interrogantes indican que la sanción recién impuesta a Wesolowski, si bien contundente y aleccionadora, es a penas el punto de partida de un proceso más amplio y complejo que debe incluir una instrucción penal que, una vez abierta, tendrá múltiples e impredecibles ramificaciones. De hecho, esto puede explicar porqué la Santa Sede, consciente de que este caso que podría revelar situaciones verdaderamente engorrosas para la Iglesia, decidió ejercer su jurisdicción penal en lugar de levantar la inmunidad diplomática de Wesolowski y extraditarlo a República Dominicana.

Es notable el hecho, sin embargo, de que este es uno de los pocos casos de abuso sexual, sino el único, dentro de la Iglesia católica en el que la investigación, la denuncia y la búsqueda de sanción provino desde dentro de la propia Iglesia. En ese sentido, hay que reconocer la determinación del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien en lugar de propiciar un acomodo o encubrimiento optó por reunir las pruebas y llevarlas a la más alta autoridad de la iglesia. Este es un ejemplo que debe ser imitado por los jerarcas católicos de otras jurisdicciones que, ante situaciones idénticas o peores, han preferido callar, ver hacia otro lado o simplemente entrar en un juego de complicidad que le ha hecho un enorme daño moral a la Iglesia católica.

Este caso representa también una gran oportunidad para que el papa Francisco envíe una señal inequívoca de que está decidido a ejercer una política de cero tolerancia contra los abusos sexuales, la pedofilia y toda práctica ilegal dentro de la Iglesia católica. Se trata de un escenario particularmente relevante en el que él podrá decir un no rotundo al silencio cómplice, a la insensibilidad con las víctimas y a la impunidad que ha prevalecido durante mucho tiempo en relación a casos similares en otros lugares del mundo. Su carácter, su fortaleza moral y su compromiso con la justicia, puestos de manifiesto de variadas y hasta conmovedoras maneras durante su corto papado, indican que él tiene lo que se necesita para hacerlo. Los católicos del mundo, entre los que se encuentra este articulista, no esperan menos de él.