Microtráfico: capacidad desbordada
El desafío de actualizar la ley antidrogas frente al avance del microtráfico
La denuncia de la embajadora norteamericana en el país, señora Leah Campos, respecto de las alegadas inconductas atribuidas al jefe de la DEA en República Dominicana, coincide con un justificado reconocimiento nacional e internacional a la labor que en estos cinco años realiza la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la interdicción de grandes cargamentos de sustancias prohibidas.
Las incautaciones en cinco años de 159 mil 440 kilogramos, no se pueden hacer sin voluntad y sin apoyo de entidades norteamericanas, y de otros países que combaten en la región el crimen organizado, especialmente el tráfico de estupefacientes, labor digna de encomio. De esa cantidad de drogas que no circuló por las calles, 67 mil 373.79 kilogramos fueron decomisados en operaciones conjuntas con organismos aliados.
Quedan retos y desafíos que, dado el tiempo cuando se promulgó la Ley 50 (del 30 de mayo de 1988), la legislación requiere ser actualizada para que la estrategia de lucha contra los carteles adquiera no solo más relevancia, sino que se ponga a tono con el tiempo transcurrido (38 años). El mundo cambió y los patrones de fabricación, distribución, consumo y comercialización también.
La DNCD está limitada por el paso y el peso del tiempo. No por falta de pericia de esa entidad, sino por la misma dialéctica de que nada es estático. Pasamos de oficinas localizadas en un sótano del Teatro Nacional al local donde opera en la avenida Máximo Gómez. Su expansión a todo territorio se limitó, frente al crecimiento de la población y de la ciberdelincuencia.
Mientras el país (o la isla) fue solo un punto en el mapa del Caribe para el transbordo de sustancias ilícitas, que luego se envían a los territorios norteamericano y europeo, y el pago a los distribuidores locales se hacía en efectivo, de un tiempo a esta parte somos receptores de importantes cantidades de drogas con las que se paga el servicio de acopio, que cada día va en aumento, creando un mercado que cubre cada pulgada de los barrios y comunidades rurales.
Esa realidad desborda la capacidad logística de la DNCD, cuya ley no se ha modificado para adaptarla a los cambios operados por los carteles y frente a la aparición de nuevas sustancias. La legislación, en su artículo 10, faculta a la DNCD “para tener el monopolio de velar por el fiel cumplimiento y ejecución de las disposiciones de la presente Ley para prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas…”
La DNCD no cuenta, como sí operan los puntos de drogas con presencia en cada pulgada de tierra, con una capacidad que sí tiene la Policía, pero a no pocos de sus integrantes se les cree ser parte del problema, aunque hay muchos de ellos que son abnegados servidores.
La capacidad operativa de la DNCD está desbordada. Aquella decisión ilegal de pasar la persecución del microtráfico a la Policía mediante una orden administrativa en busca de hacer frente a los puntos de drogas, no se puede repetir.
El artículo 10 de la ley establece, además, que “el Departamento de Drogas Narcóticas y Peligrosas de la Policía Nacional, pasa a ser dependencia de esta Dirección Nacional de Control de Drogas”. Constituyó una herejía que la Policía se le pasasen esas funciones. Por fortuna, el error se revirtió. Hay que aprovechar la determinación de la embajadora estadounidense para ser asistidos en fortalecer los mecanismos de prevención, combate y formación de los agentes antidrogas.
Si aspiramos a ser más eficaces en la persecución del flagelo, la DNCD necesita tener presencia nacional, conectarse a una estrategia común junto a Interior y Policía y gerenciar el tema con una visión transversal de seguridad nacional, pensada holísticamente.