El caso Pumarol

Suscitó un gran debate en la sociedad dominicana la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Deivi Timoteo Peguero, de dictar un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol, el joven que le quitó la vida de varias puñaladas a la señora Yolanda Handal e hirió a otras cinco personas en una torre de apartamentos en el Ensanche Naco.

A falta de conocer en los próximos días la sentencia íntegra y sus motivaciones, parecería que desde el punto de vista jurídico resulta difícil rebatir sobre la incapacidad de Pumarol para sufrir consecuencias penales conformes a sus hechos, ya que al momento de cometerlos se encontraba bajo los efectos de un ataque psicótico, y de acuerdo con el artículo sesenta y cuatro del Código Penal aún vigente, ese cuadro demencial constituye una eximente para la imputación de un delito.

Otra cosa es el momento procesal, que sí pudiera cuestionarse. Pues lo razonable fuera enviar el caso a un juicio de fondo donde se puedan presentar testigos y argumentar y rebatir las pruebas de las partes, para determinar al margen de toda duda razonable las condiciones mentales de Pumarol, y no despachar un caso tan gravoso desde una instancia preliminar donde sólo se valoran los fundamentos de la acusación. 

Pero si bien se podrían entender los argumentos del juez a partir del cuadro clínico del imputado, lo que no es asumible es la disposición de enviar ese joven a su casa, dejando la responsabilidad y las condiciones de su tratamiento a discreción de sus padres. Que era la misma situación en que se encontraba el veintitrés de julio del año pasado cuando cometió ese horrendo crimen.

Y es que según consta en documentos judiciales, desde hace casi una década Jean Andrés Pumarol viene presentando una conducta errática y paranoica, y desde entonces es fuertemente medicado con antipsicóticos y periódicamente internado en centros psiquiátricos. 

A raíz de la decisión judicial sus padres lo ingresaron en una clínica para atender sus trastornos, pero como no se trata de una reclusión obligatoria, luego de estabilizarse y recibir el alta médica puede salir del centro e irse para su casa igual que en ocasiones anteriores. En consecuencia nada impide que en futuro cercano ese joven vuelva a convertirse en un factor de riesgo para su entorno, su familia y hasta para él mismo.   

Desde el cierre del Hospital Psiquiátrico Padre Billini el país carece de un lugar de reclusión especial para enfermos mentales, y aunque algunas penitenciarias cuentan con áreas para pacientes psiquiátricos, además de insuficientes no reúnen las condiciones necesarias para tratar adecuadamente ese tipo de recluso.

Hay que reconocer que el actual gobierno está prestando atención a la salud mental, aumentó de forma importante el número de camas habilitadas para tratar esos padecimientos y dispuso la creación de un instituto de neurociencias, un viejo anhelo de las sociedades médicas especializadas en esas áreas.

Pero tanto este caso como el de Ana Josefa García, la médica militar acusada de decapitar a su hija, evidencia que existe la urgente necesidad de establecer un centro psiquiátrico forense para recluir a personas que cometan crímenes bajo los efectos de un trastorno mental.