Política de competencia política

La libre competencia ha rendido la mayor productividad, innovación y bienestar distributivo de la historia humana. La caída en los niveles de pobreza mundial así lo confirman. Esto es así por diseño. La competencia requiere claridad, obligando a la eficiencia y rindiendo una transparente curva de calidad-precio.

La competencia se aplica a otros ámbitos también, los deportes de velocidad son un buen ejemplo. En ellos, gana el más rápido. En política, también aplica la competencia.

Una de las características de la competencia es que ofrece alternativas, evita la colusión y los abusos de poder de mercado. Así, las leyes de competencia económica prohíben los acuerdos anticompetitivos, limitan el mal uso de las posiciones dominantes y proscriben asociaciones cuya unión reduciría la competencia y desvirtuarían la estructura de mercado.

En la política dominicana acaban de ocurrir dos eventos que en economía hubieran sido sancionados en el campo de las leyes de competencia.

La primera fue el debate sobre las candidaturas independientes. La propuesta de permitir la postulación de candidatos nuevos bajo el amparo de agrupaciones cívicas fue defendida por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0788/2024 y luego rechazada por los principales afectados, los representantes electos de los partidos políticos.

Nuestros patricios legislaron que su derecho a una ‘competencia sin competencia’ era más importante que el derecho de ciudadanos u agrupaciones a postularse, y encima, al derecho de los ciudadanos a votar por quienes deseen, emanen o no de un partido político establecido. Este comportamiento es típico de un gremio, cartel o colusión de empresas.

Llegada la hora de las elecciones, tal multitud de partidos exhibe un comportamiento de confabulación, asociándose los partidos pequeños con los partidos mayoritarios a cambio de favores futuros. Esto resulta en que de 41 opciones solo queden 4-5 figuras votables. Esto no solo es una violación de las leyes de competencia en economía (en inglés leyes ‘anti-trust’ o anti-confianza), también se pudiera considerar publicidad fraudulenta. Si los partidos políticos se reconocieran como las figuras comerciales que en realidad son, conllevarían mucho en multas.

Los éxitos eleccionarios de figuras políticas inesperadas o independientes en Estados Unidos, Nepal, Argentina, Taiwán y Polonia, dan crédito a sus temores de desplazamiento. Existe literatura académica sobre las razones que propulsan a estas figuras, muchos de los cuales son populistas. Pero ¿quién dice que los candidatos y partidos establecidos no lo son?

Aquí también se revela el comportamiento monopolista de los partidos. Si la ley contempla una asignación anual a los partidos, más candidatos significaría menos fondos. Mejor no.

Esto remite al segundo debate actual. En aras de generar RD$ 40,000 millones en ahorro fiscal para solventar el incremento del costo del subsidio al consumo petrolero y eléctrico, el gobierno ha flotado la idea de reducir a la mitad la dote contribuida a los 34 partidos políticos y 7 movimientos políticos reconocidos formalmente por la Junta Central Electoral (JCE) que absorben la friolera de RD$1,620 millones anualmente, o RD$ 4.4 millones diarios, para ‘avanzar la democracia’ (definición ausente).

Como contexto, su presupuesto equivale al de Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. De todas las actividades financiadas por el Estado, el sustento de partidos políticos sin ninguna línea ideológica ni propósito práctico es la más vacua. Y si el aporte a partidos es intocable, ¿cómo justificar reducir otros gastos?

Para chagrín del gremio economista, surgen voces minimizando el impacto de ahorrar ‘apenas’ RD$ 800 millones, o RD$ 600 millones, si se toma en cuenta que ya se han desembolsado RD$ 405 millones hasta abril.

El gasto fiscal en ‘democracia’ debe ser visto como la actividad económica que es, y someterse a una política de competencia tanto en lo electoral como lo fiscal.