El complot contra Trujillo (2)

Los detalles sobre la organización del complot contra el dictador Rafael L. Trujillo arrojan la luz necesaria para darnos cuenta de que pasó desapercibido un eslabón humano dueño de un supermercado situado en la misma zona donde residía la eventual víctima, personaje que resultó ser esencial en el complejo entramado político para sacar del poder a una figura tan difícil de enfrentar como el dictador dominicano.

Se ha dicho muchas veces, pero no es ocioso repetir, que Trujillo contaba con el tinglado de espionaje más importante que gobierno alguno haya estructurado en la región, lo que le permitía no sólo saber qué hacían sus opositores, sino enterarse hasta de los chismes de alcoba porque sus tentáculos del Servicio Militar de Inteligencia (SIM) cruzaban los océanos para fisgonear a los exiliados en países vecinos.

No son uno ni dos los adversarios de Trujillo fuera del territorio dominicano víctimas del espionaje trujillista. La desaparición del líder obrero Mauricio Báez, en La Habana, Cuba, en diciembre de 1950, así como el secuestro y desaparición, en Nueva York, del catedrático vasco Jesús de Galíndez, que preparaba su tesis doctoral acerca del gobierno de Trujillo, constituyen dos icónicos casos, que nos permiten entender la capacidad operativa de la inteligencia del régimen. 

A pesar de ese andamiaje de agentes de inteligencia y de chivatos, a Trujillo se le montó una conspiración desde su seguridad, vecinos, funcionarios consulares y diplomáticos, destacados empresarios criollos, líderes políticos, generales de su ejército y medianos comerciantes que estaban hartos de sus abusos. 

De acuerdo con la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato del presidente John F. Kennedy, de octubre de 1992, que ordenó develar los archivos de la CIA, un ciudadano estadounidense fue fundamental para que los conspiradores establecieran contactos con funcionarios diplomáticos, con quienes planeaban los detalles del movimiento conspirativo.

Lorenzo D. Berry fue un ciudadano estadounidense, dueño del supermercado Wimpy`s Supermarket, que se convirtió en el enlace entre el Consulado y los disidentes. La esposa de este comerciante, Flérida, jugó un rol activo en los contactos.

El embajador de los EEUU, Joseph S. Farland, viajó a Washington, donde sostuvo una reunión el 3 de junio de 1960 con Nelson H. Smith a quien le informa que los opositores trabajan en secreto a los fines de asesinar a Trujillo, utilizando una bomba a control remoto, que sería activada mientras el tirano realizaba su acostumbrada caminata nocturna. 

El 28 de junio de 1960, el secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, con oficina en Washington, Roy R. Rubottom, informa a J. C. King que “el gobierno está preparado para participar en el derrocamiento de Trujillo proporcionando un pequeño número de fusiles de francotirador u otros dispositivos para la eliminación de personas clave de Trujillo”. El suministro de armas fue aprobado por el subdirector de la CIA, C.P. Cabell, el 1 de julio de ese mismo año. Las armas nunca se entregaron, conforme con los archivos.

Luego que las instancias diplomáticas estadounidenses frenaran el plan por los hechos acaecidos en Cuba, del 26 de abril al 2 de mayo de 1961, John Berry informa que Antonio de la Maza planeaba el asesinato, si o si, con las tres carabinas facilitadas por la Embajada, algunas escopetas y armas cortas, pidiendo insistentemente las subametralladoras. Washington mantuvo la negativa de entregar las otras armas prometidas. 

Cuando el 30 de mayo se ejecuta el asesinato del tirano, el Departamento de Estado telegrafía al consejero de la Embajada, Henry Dearborn: “No debemos correr el riesgo de asociar a EEUU con un asesinato político, ya que EEUU como norma no puede condonar el asesinato…En este momento no podemos transferir armas a los disidentes”, Pero ya la CIA había hecho su trabajo.