Hay que proteger el debido proceso

La frustración que muchos sienten por la impunidad en nuestro país es más que comprensible.

Históricamente, las violaciones de la ley se han dejado pasar por alto, obviamente, con sus excepciones, pero cuando se ha tratado de corrupción gubernamental, todos sabemos lo que ha ocurrido.

Pero para buscar sancionar a los imputados por corrupción, no puede ser justificación que se violen parámetros establecidos por ley.

En materia de Derecho, los plazos son fatales, hay que cumplirlos sí o sí, de lo contrario no hay forma de hacer valer tu posición.

Por eso, si el Código Procesal Penal establece que la máxima duración de una medida de coerción consistente en prisión preventiva es de 18 meses, por el bien del debido proceso, debe de cumplirse tal como está establecido, sin importar el grado de complejidad que pueda tener un expediente, como manifestó el lunes el director de la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho.

De lo que sí debemos asegurarnos es que el Ministerio Público tenga los recursos, tanto humanos como económicos, para poder procesar un expediente complejo, por más complicado que éste sea.