La regulación debe mantenerse igual

La reciente instrucción de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para analizar la ampliación del horario de expendio de bebidas alcohólicas al sector detallista plantea serias preocupaciones.

En un contexto en el cual la proliferación de colmados y otros establecimientos sin controles adecuados ha contribuido al aumento del ruido, los accidentes y problemas de convivencia, flexibilizar las normativas parece peligroso.

La medida busca promover la legalidad y el orden, por lo que la ampliación de horarios debe responder más a la seguridad ciudadana que a los intereses económicos.

Priorizar las demandas de los negocios sobre el bienestar de las comunidades refuerza una cultura de impunidad donde la normativa se acomoda según los intereses de grupos con poder económico.

Además, la falta de controles efectivos en los barrios podría agravar problemas asociados al consumo excesivo de alcohol, como la violencia y la inseguridad.

La regulación debe centrarse en proteger a las comunidades, no en maximizar los beneficios de sectores específicos. Subordinar la normativa al comercio representaría un retroceso en la responsabilidad pública.