Wiferos

La reventa ilegal de Internet tiene varios damnificados. Primero, las empresas de telecomunicaciones que compiten contra prestadores del servicio que no pagan impuestos ni se ven obligados a inversiones millonarias para desarrollar sus redes y mejorar su tecnología. En segundo lugar, los usuarios que sí pagan los servicios legales y que reciben un servicio de menor calidad, por el pirateo a que son sometidas las líneas. Y en tercer lugar, el Estado dominicano que deja de percibir una fuerte cantidad de dinero en concepto de impuestos.

Es una práctica ilegal que se ha “normalizado” en varias provincias del país y contra la que al parecer el órgano regulador y las instituciones encargadas de perseguir el delito se ven impotentes. El crecimiento del “negocio” en esta etapa de pandemia es una prueba de lo lucrativo que puede llegar a ser y de la poca acción que se emprende en su contra.

Puede decirse que Internet es ya un servicio de primera necesidad. Las decisiones que se tomen ahora incidirán en una dirección o en otra en el futuro económico y social del país.