Defensores públicos

Los problemas y reclamos expuestos ayer por los defensores públicos merecen una cuidada atención.

El 80% de los casos penales que se dilucidan en los tribunales pasan por ellos. Hay que asumir que muchos de los reenvíos y casos de prisión preventiva superada se enredan en esta ingente cantidad de procesos, imposible de manejar para un cuerpo limitado en medios, personal y recursos.

La defensoría pública es la garantía de que cualquier acusado podrá disponer de un abogado para su defensa, aunque no tenga los medios económicos para sustentarla. Pero las precarias condiciones en las que explican se desenvuelve su día a día hacen imposible que este derecho fundamental pueda ser realmente servido.

No parece que haya una solución sencilla porque el número de casos que defienden (hasta 700 cada uno de ellos, explican) es sencillamente inabarcable. No se va a desatascar el embudo subiendo el sueldo o dando más combustible.

Es el esquema completo de la Defensoría Pública el que debe revisarse para poder asegurar un servicio que es parte fundamental del sistema judicial.