Desórdenes en San Juan

La protesta es un derecho esencial en toda sociedad democrática. Es, en muchos casos, el primer recurso de los ciudadanos para expresar inconformidades, reclamar soluciones o denunciar abusos. Pero ese derecho, como todos, está sujeto a límites claros: los que impone la ley y el respeto a los demás. Cuando se cruza esa línea y se recurre a la violencia, la protesta deja de ser un acto legítimo para convertirse en una negación de la propia democracia que dice defender.

Los hechos ocurridos en San Juan de la Maguana, donde agentes policiales y un miembro del Ejército resultaron heridos tras una agresión a pedradas, son un ejemplo preocupante de esa deriva. Ninguna causa, por justa que se considere, puede encontrar sustento en la violencia. Atacar a quienes representan el orden público no fortalece una reivindicación. Por el contrario,  la deslegitima.

La democracia ofrece canales para la disidencia: la manifestación pacífica, el debate público, las instituciones. Ignorarlos o sustituirlos por la confrontación violenta erosiona el tejido social y abre espacio al caos.

Corresponde a las autoridades garantizar el orden con apego a la ley, pero también a la ciudadanía ejercer sus derechos con responsabilidad. Censuramos estos actos y expresamos nuestra solidaridad con los agentes heridos, a quienes deseamos una pronta recuperación.