La apatridia vuelve sobre RD
Entre el cumplimiento de la ley y las fallas institucionales del país vecino
Otra vez el tema de la apatridia vuelve a colocarse sobre la mesa y, otra vez, se pretende endilgar a la República Dominicana un problema cuya raíz fundamental está del otro lado de la frontera: las históricas dificultades de Haití para registrar y documentar adecuadamente a sus ciudadanos.
La Constitución dominicana establece quiénes adquieren la nacionalidad por nacimiento y las excepciones. Que una persona nazca en territorio dominicano no significa automáticamente que sea dominicana. Tampoco la falta de documentos haitianos convierte necesariamente a alguien en apátrida.
Ahí está el punto que suele perderse. Haití tiene la responsabilidad primaria de documentar a sus nacionales y garantizar el registro de sus hijos nacidos en el extranjero. Sus debilidades institucionales, sumadas a décadas de migración irregular y a la falta de documentación de muchos padres, han creado situaciones personales difíciles que no pueden cargarse exclusivamente al Estado dominicano.
República Dominicana debe cumplir sus leyes, garantizar derechos y evitar arbitrariedades. Pero también tiene derecho a aplicar su Constitución y definir su política migratoria.
El debate —retomado con un documento sobre los cortadores de caña haitianos en el país— merece rigor. Confundir indocumentación con apatridia conduce a diagnósticos equivocados y termina atribuyendo a República Dominicana obligaciones que corresponden también, y fundamentalmente, al Estado haitiano.