La razón de Faride
El valor de las vías judiciales para frenar el insulto y el chantaje
Faride Raful tiene razón al reclamar que la ley proteja el nombre y el honor frente a la difamación. La condena de Ángel Martínez, después de que admitiera su culpa y pidiera disculpas, deja una lección que trasciende este caso: disponer de un micrófono o de una cuenta en redes sociales no concede licencia para destruir reputaciones.
La libertad de expresión ampara la crítica, incluso la más dura, y obliga a los funcionarios a soportar el escrutinio público. También exige responsabilidad a quien informa u opina. Una denuncia debe sustentarse en hechos verificables; un señalamiento grave demanda pruebas y la oportunidad de respuesta. El insulto, la falsedad y el chantaje no adquieren valor periodístico porque se difundan ante una audiencia numerosa.
La ministra ha dicho que ninguna sentencia repara por completo el daño sufrido. Es cierto. La rectificación suele llegar cuando la mentira ya recorrió miles de pantallas y dejó una sospecha difícil de borrar. Por eso importan los remedios judiciales efectivos, siempre con respeto al debido proceso y a la investigación periodística legítima.
Los medios existen para servir al público, fiscalizar el poder y ayudar a distinguir hechos de rumores. Quien usa su tribuna para difamar, insultar o chantajear traiciona esa misión y debilita la confianza de todos en el periodismo y la conversación pública.