El “pato cojo” y la gobernabilidad

Desde el siglo XIX, en los Estados Unidos se usa el término “pato cojo” (lame duck) para referirse a los presidentes y otros oficiales electos durante el período que transcurre entre la elección de sus sustitutos y el momento en que estos últimos toman posesión de sus cargos. También se usa de manera más amplia para referirse a un presidente, o cualquier otro funcionario ejecutivo estatal o local, cuyo ejercicio gubernamental entra en la segunda y última etapa de su mandato, en caso que ya no puede optar por la reelección o haya anunciado que no optará por ella. Es un término de uso corriente y periodístico, pero también académico, el cual connota que el presidente, con su final de mandato claro en el horizonte, comienza a perder poder y eficacia política para sacar adelante su agenda gubernamental.

Quienes defienden el esquema de reelección adoptado por la Constitución de 2010 –prohibición de la reelección consecutiva- resaltan que el mismo tiene la virtud de que un presidente no puede usar los recursos del poder en beneficio de su propia reelección, pero no toman en cuenta que este esquema tiene el problema de que en un tiempo relativamente rápido –dos años- el presidente de la República se encuentra ante una situación en que la dinámica política, marcada por la creciente competencia electoral, tiende a debilitar su capacidad para tomar decisiones. Por otro lado, hay quienes sostienen que la ausencia de atadura a un proyecto de reelección presidencial le permite tomar decisiones difíciles, pero en la realidad lo que ocurre es lo contrario, pues casi siempre esas decisiones involucran a otros actores, como los legisladores, que no quieren asumir el costo político a poco tiempo de las elecciones.

Esta reflexión no está encaminada a abogar por un cambio de la regla constitucional sobre la reelección presidencial en las presentes circunstancias, aunque este articulista siempre ha favorecido el modelo norteamericano que permite una re-postulación, sino a plantear la cuestión de cómo evitar que el presidente de la República –este o cualquier otro más adelante- se convierta en un “pato cojo” a mitad de camino de su gestión. De ser así, la gobernabilidad quedaría afectada y muchas decisiones importantes serían pospuestas en detrimento de la sociedad.

El presidente Danilo Medina empezará su segunda mitad de gobierno con grandes retos, pero en un contexto político en el que la competencia electoral, tanto internamente en su partido como en los de la oposición, lo que desviará enormemente la atención de ministros, funcionarios, legisladores y de la propia opinión pública hacia los temas político-electorales. Y como él no puede, por disposición constitucional, optar por otro período presidencial, la atención comenzará a desplazarse poco a poco hacia otros actores políticos, lo cual puede afectar la capacidad del gobierno para enfrentar problemas cruciales que afectan a la sociedad dominicana.

A título de ejemplo, hay dos importantes decisiones que deben ser tomadas en esta segunda mitad de la gestión del presidente Medina: el pacto fiscal y el pacto eléctrico. En cuanto al primero, la eliminación por parte del gobierno de la exención impositiva a las importaciones vía correo expreso de las mercancías cuyo valor no sobrepase los doscientos dólares ha hecho que algunos sectores de la opinión pública planteen la necesidad de retomar la discusión sobre el pacto fiscal para poner sobre la mesa la pertinencia o no de mantener muchas otras exenciones. Esta es una discusión sumamente difícil no solo por los intereses en juego, sino porque cualquier modificación al régimen de exenciones del país tiene que considerar en qué medida afecta, positiva o negativamente, la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos.

En cuanto al pacto eléctrico, la discusión es igualmente compleja. Esta semana la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó que el gobierno mantiene una deuda acumulada con los generadores de energía que ha alcanzado la cifra histórica de algo más de ochocientos millones de dólares al comienzo de agosto. Esto indica que hay problemas estructurales en el sector eléctrico que permanecen intactos, los cuales, además de afectar el servicio eficiente de energía a la población, impactan enormemente las cuentas fiscales del gobierno.

Estos dos pactos sobre la cuestión fiscal y la cuestión eléctrica requieren de un gran esfuerzo por parte del gobierno, así como de otros actores políticos y económicos relevantes. Por supuesto, un ambiente de creciente activismo electoral no favorece que problemas de esta envergadura sean afrontados con voluntad política y espíritu de concertación. A favor del presidente Medina está su alta popularidad, lo que constituye un capital político que él deberá administrar eficazmente en la segunda mitad de su gestión para evitar que se produzca un debilitamiento en la capacidad gubernamental para tomar decisiones sobre estos y otros problemas críticos que afectan a la sociedad dominicana.