La Marcha Patriótica

La marcha patriótica se hizo el sábado 6 de agosto

El Instituto Duartiano celebró con notable éxito el pasado sábado, 6 de agosto, la llamada Marcha Patriótica, a la cual asistió una muchedumbre que portaba carteles reivindicativos y banderas dominicanas. 

Esta manifestación es una seria advertencia de que la tolerancia con la inmigración masiva indocumentada ha llegado a su fin. Tomarla a la ligera podría ser causa de serios trastornos en el futuro cercano. 

Los dominicanos se resisten a que sus normas legales y migratorias sean burladas impunemente por inmigrantes haitianos; a seguir siendo desplazados de sus ocupaciones habituales; a ser empujados a abandonar su país; a contemplar cómo se erosionan sus costumbres, se pierden sus valores y se debilita la cohesión social; a ver cómo su espacio, hospitales y maternidades, es ocupado; a percibir cómo el campo o el sector de la construcción o la vigilancia de propiedades o el servicio doméstico, se vacían de dominicanos; a perder la nacionalidad y la soberanía.

Por los carteles expuestos y el discurso reseñado por la prensa, las demandas de los participantes se concentran en tres aspectos. 

Primero, aplicar la ley y reforzar los medios (normas migratorias, control fronterizo, cuota de trabajadores extranjeros documentados permitida, dominicanizar el régimen de propiedad en terrenos aledaños a la frontera, agilizar la construcción del muro fronterizo).

Segundo, exigir a la comunidad internacional que ayude a resolver los problemas de Haití en Haití, no en la República Dominicana (ofensiva diplomática mundial).

Tercero, clamor de advertencia o de desahogo o de impotencia (la nacionalidad no se regala, defensa de la dominicanidad, éxodo invasor y de ocupación).

Este movimiento parece contar con el apoyo masivo de los dominicanos, tanto de la clase activa como de la pasiva. Las autoridades harían bien si escuchan los reclamos y actúan en consecuencia. 

Comparto en sentido general las preocupaciones de los manifestantes. Creo, sin embargo, que el énfasis no solo debe de ponerse en que la comunidad internacional ayude a resolver los problemas de Haití en Haití y en que abandone la idea de que la República Dominicana sea parte de la solución. El intento, descabellado, sería fuente permanente de tensión e inestabilidad en el Caribe. Y hay que señalarlo.

Hay que entonar el mea culpa y reconocer que, en este asunto, tanto las autoridades dominicanas como el conjunto económico y la población, todos, hemos sido indiferentes, negligentes, como si el problema no nos concerniera o fuera de menor envergadura. Lo hemos sido hasta ahora que se evidencia un despertar. Y mientras no se admita, no habrá solución. 

No vale con echar la culpa de nuestros males a otros, sino a nosotros mismos. Y en la medida en que se asuman las responsabilidades con determinación, la comunidad internacional verá a nuestra nación con ojos diferentes. 

La inmigración ilegal masiva la induce el conjunto económico dominicano, con el visto bueno de la clase política, no porque lo quiera, sino porque se encuentra inmerso en una trampa legal de un mercado laboral formal rígido que ni autoridades ni sociedad civil se han atrevido a desarticular o reemplazar. Esa trampa se elude mediante el expediente de incumplir las normas migratorias y legales y destinar medios insuficientes y, desde luego, con las complicidades correspondientes del aparato burocrático y de seguridad. 

Los problemas importantes de este país nunca se solucionan. Se dejan para resolverlos cuando haya una oportunidad, mejores condiciones sociales, económicas y políticas, que nunca llega. El miedo al coste político lo condiciona todo. Somos una sociedad vigorosa, atrapada en el miedo de sus dirigentes a incurrir en pérdida de popularidad. 

El problema es complejo. Los sectores productivos, básicamente agropecuario, construcción y servicios, no están en condiciones de cubrir un pasivo laboral confiscatorio que surge por el hecho de contratar trabajadores en el mercado formal. En consecuencia, emplean trabajadores haitianos indocumentados, sin protección de seguridad social. Y esto coincide con la esperanza de redención de un pueblo depauperado como el haitiano, que acude al llamado. 

Al mismo tiempo, los dominicanos pierden oportunidades de trabajo y de protección social y emigran. Se pierden salarios, que también emigran. Se atraen mujeres parturientas, que paren aquí. Y llegamos a lo que ya se percibe no como una inmigración, sino como una ocupación masiva de nuestro territorio que afecta nuestra sobrevivencia como nación. 

Esta marcha es una clarinada que debe llevar a la dirigencia nacional a reflexionar y a actuar con sentido de urgencia. La avalancha de haitianos indocumentados tiene que ser revertida, con sentido de urgencia, haciendo bien lo que tenga que hacerse. Y pronto.

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.