Crónicas de la intolerancia

El 15 de septiembre de 2021, en el periódico Hoy se publicaba el siguiente titular: “Cancelan por amenazas exposición de la ONU sobre venezolanos en República Dominicana.” La nota se refería a la exposición denominada Caminos de Aprendizaje, que reunía “trece fotografías realizadas por dos fotógrafos venezolanos, en las que se retrata la labor de trece profesores venezolanos que residen en República Dominicana. La inauguración fue cancelada por decisión de responsables de organismos de Naciones Unidas en el país, después de que varios grupos radicales lanzaran amenazas en contra de la exposición, según dijeron fuentes de la ONU a Efe” (https://hoy.com.do/cancelan-por-amenazas-exposicion-de-la-onu-sobre-venezolanos-en-republica-dominicana/).

La cuestión fue reseñada por algunos medios, pero pasó sin mayor trascendencia. Como si provocar la suspensión de un evento cultural, bajo severas amenazas de agresión física contra los artistas que realizaron las fotografías, no fuera un hecho reñido con la ley penal, y un gravísimo atentado contra la Constitución dominicana, que en la parte capital de su artículo 64 establece que: “toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores.” El numeral 2 del mismo artículo prevé como un deber del Estado garantizar “la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promover la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones.” 

Menos de dos meses después, el día 8 de noviembre de 2021, el periódico Diario Libre titulaba: “Nacionalistas advierten no dejarán que haitianos protesten frente al Palacio Nacional.” Se trataba de una manifestación convocada en la Plaza Patriótica Presidente Profesor Juan Bosch por un grupo de “organizaciones que se manifestarían en contra de las medidas migratorias” aplicadas por el gobierno, según refiere la nota. (https://www.diariolibre.com/actualidad/nacionalistas-advierten-no-dejaran-que-haitianos-protesten-frente-al-palacio-nacional-JC29819770).

Una semana después, el día 15 de noviembre, en el mismo Diario Libre aparecía este siguiente titular: “Grupos que se proclaman ‘nacionalistas’ habrían llevado machetes para impedir protesta de cañeros.” Según refiere Balbiery Rosario, el periodista que firma ambas crónicas, “los autoproclamados nacionalistas se conglomeraron por segunda vez con la intención de frustrar alguna manifestación de organizaciones de defensa de los inmigrantes haitianos, aunque esta vez los cañeros marchaban únicamente en demanda del pago de pensiones” (https://www.diariolibre.com/actualidad/grupos-que-se-proclaman-nacionalistas-habrian-llevado-machetes-para-impedir-protesta-de-caneros-GH29955388\).

Los mismos grupos que se dos meses antes lograron, bajo coacción, suspender una manifestación artística, ahora, provistos de armas, se oponían a la legítima manifestación de un grupo de personas que defendía el derecho a una pensión de los trabajadores de la caña que, durante décadas, dejaron sus vidas laborando en la que en su momento fuera la más importante industria nacional. 

Se trata, una vez más, de una inaceptable manifestación de intolerancia que, bajo el disfraz de la defensa nacional, expresa un profundo desprecio por el Estado de derecho, por la diversidad cultural y por los derechos de los demás. La manifestación y la protesta son derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. A estos derechos se ha referido el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: “j. En el caso del ejercicio a la manifestación o protesta social, esta constituye una expresión del control ciudadano frente a la autoridades que ejercen potestades públicas y procuran que el Estado ofrezca respuestas concretas o acometa acciones ante sus demandas; este es un medio legítimo de poder ciudadano que opera como contrapeso en el orden democrático, que debe ser preservado, por lo que sus actuaciones de la autoridad deben estar enmarcadas en las facultades que le otorga la ley y la Constitución.” 

En la misma sentencia afirmó el TC que “el derecho a la reunión, la libre expresión y a la protesta frente a los lugares públicos solo puede ser impedido por la autoridad cuando exista una razón que justifique la limitación de estos derechos; en ningún modo, se podría alegar un peligro eventual o un prejuicio de considerar una manifestación social como sinónimo de desorden o de conspiración al orden constitucional” (TC/0092/18). 

Si el Ministerio de Interior y Policía no puede, al decir del Tribunal Constitucional, impedir manifestaciones de protestas pacíficas, cómo es posible que grupos radicales armados, asuman que pueden decidir quién y bajo qué circunstancia puede protestar en defensa de sus derechos, o de aquello en lo que cree. 

Hace menos de dos semanas, el pasado día 13 de octubre, el matutino El día trajo el siguiente titular: “Grupos ultranacionalistas agreden mujeres e impiden acto en el parque Colón.” Refiere la crónica que “entre golpes, insultos y empujones grupos ultranacionalistas impidieron que un grupo de mujeres realizaran un homenaje a la cacique Anacaona” en el indicado lugar. La actividad, continúa la nota, “denominada «12 de Octubre, Nada Que Celebrar» es una actividad cultural que se desarrolla en el país desde inicio de los años noventa, y en los últimos años ha sido retomada la misma está dirigida al rescate de la identidad nacional dominicana, la herencia indígena y negra como pueblo y ofrece una mirada crítica sobre la conquista europea.”

Esta selección rápida de noticias sobre hechos acaecidos en el país en los últimos tiempos, es la pequeña muestra de un grave problema, de una crónica de la intolerancia que se ha venido escribiendo ante nuestros ojos y antes los ojos de unas autoridades impasibles. Es como si no se atinara a comprender que esas acciones son atentados de primera magnitud contra la paz pública y el Estado de derecho. Son la expresión de una visión cuya pretensión última es el delirio totalitario de uniformizar la sociedad, imponiendo una única forma posible de ser y pensar. 

En esa visión del mundo, quienes se asumen diferentes encarnan al enemigo y al traidor, que debe ser extirpado porque su mera subsistencia se percibe como una amenaza para la “sociedad pura” que como una pulsión anima a quienes así piensan.

Escribiendo estas líneas, me he acordado del eminente humorista argentino que fuera Enrique Pinti. En uno de esos soberbios espectáculos en que analizaba la debacle política de su país tras la crisis de 2001, reflexionó sobre el hecho de que mucha gente se preguntaba que cómo fue que en la Argentina habían llegado a esos extremos. Y engolando la voz, como quien habla consigo mismo, respondía el humorista: “poquito a poco.”

Aún estamos a tiempo de evitar que, poquito a poco, el país es nos vaya por el despeñadero de la intolerancia y la barbarie.