Cambio en la institucionalidad

El momento histórico en el cual inicia el período gubernamental 2020-2024 se encuentra acompañado por múltiples desafíos para garantizar la atención de una población vapuleada en los últimos meses por la crisis sanitaria de mayor impacto registrado en la presente generación, compuesta por un virus que presiona el cierre de actividades y una nación que necesita encender el motor de su desarrollo.

Este reto amerita un cambio en la estructura institucional del Estado, caracterizada por una débil conexión entre las entidades nacionales y el territorio que se profundiza por la concentración histórica del poder, generando diferencias importantes entre las regiones, provincias y municipios, tanto en materia de población como en calidad de vida, ingresos y acceso a servicios, tal y como señala el documento base de la propuesta END (2010).

Para fortalecer la conexión del Estado con la ciudadanía localizada en cualquier lugar del territorio nacional, mejorando la atención y respuesta institucional se necesita avanzar en el proceso de desconcentración pendiente, que permita eficientizar los mecanismos para la toma de decisiones vinculando el presupuesto nacional con las demandas priorizadas en cualquier rincón del territorio.

El cambio propuesto por la nueva administración es una oportunidad para avanzar en el cambio de institucionalidad que requiere el país, activando en la región el nivel intermedio de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, para organizar las entidades sectoriales en el mismo número de regiones y así descontinuar la práctica histórica de establecer una regionalización distinta por cada institución del Estado.

Este nivel regional fortalece la capacidad de atención y respuesta del gobierno nacional, promoviendo sinergia para la solución de las demandas multi-factoriales. A nivel operativo permite vincular la red de gobernaciones instaladas en todas las provincias del país, para funcionar como sedes institucionales del gobierno en el territorio, reduciendo las instalaciones sectoriales no necesarias y consolidando equipos multidisciplinarios en las sedes de cada región única de planificación. De esta manera se fortalece el desarrollo endógeno de cada territorio y se priorizan las demandas incorporando la participación de la población residente en cada región.

Para estos fines se requiere aprobar la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos; instrumento normativo que permitirá establecer iniciativas en base al potencial de cada región, ordenando todo el gobierno por medio de un sistema que vincule las políticas territoriales, la inversión pública y el uso de suelo en beneficio de cada lugar del territorio nacional. De igual manera es necesario aprobar el marco jurídico que determine las regiones únicas de planificación previsto en la END2030 (Art. 32), esto permitirá homologar la parrilla geográfica para organizar el gobierno nacional junto a todo el Estado y activar la estructura desconcentrada para democratizar la formulación del presupuesto nacional y de esta forma ampliar el espacio institucional para la toma de decisiones más allá de la capital.