Cultura de legalidad y las acciones colectivas

Cuando las cosas andan mal en una sociedad, hay que observar su cultura de legalidad. Por un lado, están las normas que son ilegítimas, puesto que aunque fueron aprobadas por los mecanismos legales que existen en el Estado, no cuentan con la aprobación popular, es decir, que la mayoría de la sociedad está en desacuerdo con ellas. Por otro lado, están las leyes que ordenan nuestra vida en general para hacer posible la convivencia pacífica, civilizada, donde puedan coexistir los intereses y derechos de todos. A esas, las que la mayoría aceptamos como válidas, nos referiremos en sentido general.

Pero veamos: en República Dominicana no se necesita hacer un análisis de sociología jurídica para saber que no hay respeto hacia la autoridad, ni a las leyes ni entre los ciudadanos. Eso es un consenso general. Por eso, del comportamiento individual de los dominicanos, es posible entender la conducta de nuestros policías, profesores, agentes de tránsito y funcionarios civiles y militares de alto nivel de responsabilidad. Es de la misma sociedad dominicana, y no de otra, que proviene esa autoridad de la que nos quejamos. Es el producto y representación de una parte de lo que somos.

Ahora bien, eso no quiere decir que no pueda cambiar nuestra cultura de legalidad. Por ejemplo: 1. Con la participación ciudadana en el proceso de formación y aprobación de las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, a nivel congresual y municipal.

2. Participando en la elección responsable de los candidatos a puestos electivos con mejores propuestas y que más representen el sentir de las comunidades.

3. Luego, establecer el control social. Múltiples formas de incidir en el diseño y cumplimiento de las políticas públicas, tanto municipales como del conjunto de instituciones del gobierno central.

4. A partir del seguimiento a las gestiones de las instituciones del Estado, se pueden realizar de manera individual y colectiva, denuncias y hasta demandas colectivas de cumplimientos de propósitos, objetivos y deberes legales, con el fin de someter a las Administraciones Públicas a la legalidad.

Lo sorprendente es que las redes sociales y los medios de comunicación masivos, están diariamente inundados de quejas ciudadanas y denuncias contra funcionarios y organismos municipales, militares y policiales, de salud y educación, etc., pero no son canalizadas hacia los tribunales llamados a controlar los actos y actuaciones de las Administraciones Públicas. Entonces, ¿por qué no exigir en forma colectiva, que se aprueben presupuestos participativos que contengan los reclamos comunitarios? ¿Si existe un descontento general del sistema de salud y seguridad social, servicios de telecomunicaciones, energía, supervisión medioambiental, por qué no unirse a reclamar en forma colectiva? ¿Funciona la supervisión de las instituciones que pagamos o es porque las leyes son injustas y a la medida de los intereses empresariales o de políticos, que son la minoría? ¿O es que los dominicanos solo servimos para lamentarnos, con o sin fundamento?

Este comportamiento sumiso, indiferente y de conformidad por inacción, es lo que da origen a todos los males de nuestra sociedad. Pero una cosa es protestar y hacer huelgas, -que también es un mecanismo de control y presión social-, y otra es accionar eficazmente para determinar responsabilidades de las autoridades, sea por incumplimiento, negligencia, omisión o inacción. En materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, es obligación de las autoridades recibir quejas y reclamaciones colectivas. Por ahí podemos empezar.

Las acciones colectivas son un tipo de ejercicio digno y responsable de participación ciudadana y aportan significativamente a revertir nuestra mal formada cultura de legalidad.