Diálogo nacional ¿entretención u oportunidad para avanzar?

Sin dejar tiempo para evaluar su primer año de gobierno, el presidente Luis Abinader ha tomado la iniciativa política e invitado a los partidos con representación congresual, y a diversos sectores económicos y sociales, a una mesa de diálogo en torno a unas 12 reformas –que ya son 13 por la inclusión de la reforma a las leyes electorales.

Lo único que está claro del diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo es lo “poco claro” del proceso que sigue.

La imprecisión o amplitud temática de algunas de las anunciadas reformas: “transparencia e institucionalidad”, “reforma del Estado”, “calidad educativa”, “transformación digital”, “transporte”, “salud”, “laboral”, “hidrocarburos”, careciendo cada uno de estos ejes de propuestas concretas por parte del convocante, amenaza con convertir el diálogo en Torre de Babel, a sabiendas de las diferencias ideológicas y políticas de los convocados.

De igual modo, se incluye en la temática la reforma a la Policía Nacional, la que actualmente está siendo abordada por un grupo de trabajo de 21 ciudadanos designados por decreto del Poder Ejecutivo No. 211-21, del pasado 6 de abril, para la transformación y profesionalización de ese órgano. ¿Cómo pretende el ejecutivo engarzar ambos escenarios? ¿Cesará el grupo de trabajo nombrado para traspasar el tema al Consejo Económico Social (CES)? ¿Habrá que esperar que aquél concluya? También está el llamado pacto eléctrico, firmado a la carrera, con más pena que gloria, el pasado 25 de febrero de 2021, con la presencia del presidente de la República y el presidente del Consejo Económico y Social, señor Rafael Toribio ¿Al incluirlo, pretende el Poder Ejecutivo someterlo de nuevo a revisión en este diálogo o qué?

El Ejecutivo, sin ninguna explicación ha incluido temas que actualmente son proyectos de leyes y de los que están apoderadas una de las cámaras legislativas. Tal es el caso del proyecto de Ley de Aguas, el de la Seguridad Social y el agregado sobre la reforma a las leyes electorales. Es pues necesario que el Poder Ejecutivo y los partidos participantes definan con precisión el carácter de las discusiones y eventuales acuerdos que pudieran arribarse respecto de estos temas que ya son proyectos de leyes en el Congreso Nacional. ¿Se asumirán los acuerdos a que se arriben como vinculantes a la representación congresual de los partidos participantes en el diálogo? En ese caso ¿se tiene claro que se estaría trasladando la soberanía del Poder Legislativo a la mesa de diálogo y se reduciría aquél a un rol de legitimador de lo pactado en ésta? ¿Estarán conscientes Luis Abinader y el gobierno del PRM del daño que esto haría a la ya precaria institucionalidad democrática del país?

Por el contrario, llamó la atención que, en su amplia propuesta de reforma y diálogo, el poder ejecutivo ignorara algunos temas de muchísima trascendencia y pertinencia en la coyuntura en desarrollo. Me refiero, para solo citar los más relevantes, a: I) la necesidad de definir un Nuevo Trato con la diáspora dominicana y un mejor aprovechamiento de las remesas; II) la protección del medio ambiente y la explotación minera; III) el irresponsable endeudamiento público; IV) la urgencia de una Nueva Municipalidad; V) el ordenamiento territorial.

Vista la primera reunión en retrospectiva, al tomar conciencia de lo improvisado del escenario, por la falta de propuestas claras por parte del convocante y la indefinición del alcance de los temas agendados, hay que concluir que el anunciado diálogo nacional, en este momento, es “mucha espuma y poco chocolate”. En el escenario montado por el Gobierno de Luis Abinader para abordar las reformas es más lo que está por concretarse que lo definido.

Todo indica que el verdadero interés del gobierno en este escenario se centrará realmente en dos puntos: La reforma a la Constitución, en lo relativo al Ministerio Público, y el proyecto de Reforma Fiscal. Todo lo otro parece distracción. En el primer caso Luis Abinader quiere dejar su impronta constitucional, mediante un nuevo parche a la Constitución, buscando demarcar políticamente a su gobierno como antítesis de los cinco gobiernos del peledé que se caracterizaron precisamente por auspiciar la corrupción y la impunidad.

En cuanto a la reforma fiscal, el diálogo busca convertirse en el escenario para su legitimación y desde ahí auspiciar el inmovilismo popular, sobre todo, si la propuesta del Gobierno reproduce el actual esquema regresivo de tributos afincados de forma inequitativa en los sectores medios y populares y en el consumo. En este tema estamos pues emplazados a trazar la línea de Pizarro entre los que avalan este modelo neoliberal y los que lo impugnamos.

Estamos pues convocados a la reunión del próximo día 15, con la anunciada presencia del presidente Luis Abinader. Ese día será la prueba de fuego para saber si el llamado diálogo nacional por las reformas es un artificio para entretenernos unos meses en discusiones bizantinas e inconducentes o, por el contrario, estamos ante una propuesta seria de diálogo, en la que el poder ejecutivo presente propuestas orientadas a impulsar verdaderos cambios en el actual modelo económico y político, en la perspectiva de mayor justicia social, profundización de los derechos y libertades fundamentales, la protección del medio ambiente y hacer de la nuestra una democracia más transparente y participativa.

Esperemos para saber, que apenas restan nueve días.