El financiamiento político y las alianzas

“Ciertamente, el financiamiento político es crucial para la democracia por, al menos, dos motivos. En primer lugar, el flujo y la distribución de los fondos electorales, inciden directamente sobre la equidad electoral, sobre las posibilidades reales disfrutas por los diferentes partidos y candidatos para hacer llegar su mensaje a los votantes. Así un financiamiento electoral equitativo se convierte en una condición facilitante –aunque no determinante por si misma- para asegurar la contingencia del resultado electoral, requisito fundamental para su legitimidad. En segundo lugar, la recolección de fondos electorales ofrece obvias oportunidades para el intercambio de favores entre los contribuyentes a las campañas y los políticos...” Kevin Casas y Daniel Zovato

No hay dudas de que el financiamiento a los partidos políticos juega un rol fundamental en la construcción de una democracia participativa –valga la redundancia- en la que los diferentes competidores tengan un acceso equitativo y regulado a las diferentes fuentes de financiamiento. En el esquema dominicano de financiamiento, sin embargo, la realidad es otra; bajo una definición a todas luces antojadiza para beneficiar a uno de los partidos tradicionales, el 80% del financiamiento público va a parar en manos de los partidos que obtuvieren más del 5% en las elecciones generales. De esta forma, tres partidos se han repartido –bajo los más mínimos estándares de control de las finanzas- el presupuesto consignado para tales fines.

La generosidad en la distribución de los fondos públicos es acompañada por una falta total de transparencia y control de los recursos privados que van a parar en los bolsillos de los políticos y que son utilizados sin distinguir entre los usos particulares y los propósitos realmente de campaña. Este desorden en el financiamiento político ha estimulado el surgimiento de un sin número de supuestas organizaciones políticas que no son más que entelequias políticas instrumentalizadas para negociar favores públicos y para recolectar fondos privados en la más absoluta opacidad. En una realidad con estos matices tan bochornosos no es sorprendente que el narcotráfico utilice a la política, en complicidad con supuestos líderes políticos, como un efectivo mecanismo para el lavado de activos y para la compra de protección a sus actividades delictivas. Por eso, no es raro que en las campañas políticas surjan de la nada movimientos políticos que no son más que asociaciones de malhechores para defraudar al Estado y ponerse a salvo del alcance de una justicia selectiva.

Todo esto significa –pura y simplemente- una degradación sistemática del ejercicio democrático, o como alguien lo llamó ‘la construcción de una democracia sin ciudadanía’. Efectivamente, con un acceso tan desigual a los fondos públicos y un financiamiento privado de dudoso origen es muy difícil que se promueva la emergencia de un liderazgo comprometido con los mejores intereses de la nación dominicana. Por el contrario, lo que se ha estado fomentando es el oportunismo político en sus formas más descaradas, bajo el manto de ‘estrategias políticas’ geniales, que apenas requieren una falta de escrúpulos para su implementación. Pero ha sido efectivas. Se ha logrado crear toda una distorsionada estructura institucional sumamente difícil de cambiar y que está en condiciones de bloquear cualquier iniciativa que se proponga sanear sus cimientos, solo a la espera de una crisis obligue traumáticamente a la definición de nuevas reglas institucionales.

Justamente, con las alianzas que se han fraguado dentro de la lógica planteada anteriormente y que prácticamente crean un cuadro político unipolar ha salido a relucir de manera lamentable el aberrante esquema de financiamiento a los partidos políticos que deja a la oposición prácticamente al margen de los fondos públicos. Puestos en el mismo saco, los partidos tradicionales tienen asegurados el 80% de ese financiamiento público; a lo que debe sumársele el financiamiento que reciben los partidos minúsculos que forman parte de la alianza oficial. Al final, podrían estar recibiendo alrededor del 90% de todos los recursos públicos destinados a la campaña electoral. Y el restante porcentaje se distribuiría entre los partidos de la oposición. Muchos dirán que esa es la distribución que establece la ley. Y es cierto. Pero pone de manifiesto la irracionalidad legal de distribuir esos fondos bajos criterios oportunísimos. En este caso, la legalidad no está acompañada de la equidad y la legitimidad.

Peor aún, este desigual acceso a los fondos públicos sirve de motivación para que los aportes privados -que en cierta e importante medida se distribuyen de acuerdo a las probabilidades de triunfo de los candidatos- terminen en las manos de quienes tienen la más alta probabilidad de ganar las elecciones. Es una viciosa realidad que se nutre a sí misma. Y que penosamente el liderazgo político que tiene el control de todos los estamentos del Estado no muestra ningún interés en cambiar. Por el contrario, es parte de una estrategia dirigida a condicionar la percepción del electorado de que las próximas elecciones ya están decididas y que son, por lo tanto, simplemente un trámite burocrático.

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