¿Es realmente baja la presión tributaria?

Existe una percepción común de que el movimiento en décadas recientes para reducir las tasas impositivas máximas ha sido motivado por temores relacionados con el crecimiento económico. Si los ricos son gravados muy fuertemente, entonces trabajarán menos e invertirán menos. Por tanto, cada quien sufrirá las consecuencias. De acuerdo con una variante de la interpretación, en algún momento entre los 70s y los 80s, los observadores comenzaron a tomar conciencia del peso extremo que sobre la economía tenían las altas tasas impositivas, mientras que previo a esas fechas tales preocupaciones habían sido subestimadas. Scheve y Stasavage, Taxing the rich, 2016

En una entrevista publicada por la desaparecida revista La Lupa (febrero 13, 2013) el destacado economista dominicano Carlos Asilis –radicado en Estados Unidos- planteó varios argumentos para enfatizar que la presión tributaria en República Dominicana no era tan baja como ordinariamente se ha creído. Incluso, pudiera resultar superior al promedio de la presión tributaria en la región latinoamericana. Básicamente, el Dr. Asilis considera tres factores como fuentes de subestimación: el primero, se refiere a lo que el citado economista denomina como sobreestimación del PIB nominal que se origina en la sobrevaluación de la moneda nacional. Lo explica de la siguiente manera, “las métricas tradicionales de valorización cambiaria, que incluyen tasas de crecimiento diferenciales (...) en productividad, crecimiento económico doméstico, así como también evolución en la balanza de pagos y diferenciales internacionales en tasas de interés sugieren una sobrevaluación actual del peso dominicano del orden del 15% al 25% en términos reales.” Dado que el PIB nominal es el denominador de la presión tributaria, mientras mayor sea su valor -asumiendo un determinado nivel de las recaudaciones tributarias- menor es la presión tributaria.

La segunda razón que esgrime es el alto nivel de informalidad de la economía dominicana, que es estimulado por una economía que es dominada por el sector de los servicios. Y el tercer factor es que “los niveles de corrupción extraordinariamente elevados, tal como ha sido registrado en múltiples indicadores compilados por organismos internacionales (...), suponen que un porcentaje altamente significativo, entre el 20% y 30%, de los impuestos aplicados al sector privado nunca ingresan al erario público, sino que son apropiados por particulares.” De todas maneras -apunta- representan una carga tributaria para el sector privado.

Cuando estos tres factores son incorporados al cálculo de la presión tributaria resulta -siguiendo los planteamientos de Asilis- que dicha presión se coloca en el rango que va del 22% al 27%, muy superior al promedio de la presión tributaria en América Latina, y próxima a la de los países desarrollados. De manera que no se puede concluir tan fácilmente que nuestra presión es muy baja, independientemente de si las argumentaciones de Asilis sean completamente ciertas.

Pero una baja presión tributaria -si ese fuera el caso- debe considerarse como una virtud. Cuando se le da una mirada a la historia tributaria de Estados Unidos, Canadá y Europa, tal como hacen Scheve y Stasavage en su reciente libro citado más arriba, son sorprendentes los niveles de tributación que esas economías tenían al momento de convertirse en economías desarrolladas. Durante todo el siglo XIX la presión tributaria estuvo muy por debajo del 10%. Ni siquiera en la Francia post revolucionaria se encuentran gravámenes que superaran ese nivel. La presión tributaria en esos países comienza a incrementarse significativamente en los principios del siglo XX, particularmente en la antesala de la primera guerra mundial.

No hay dudas de que la baja presión tributaria fue un factor de importancia para que esas economías pusieran en marcha todo su potencial para invertir e innovar, y hacer posible un desarrollo de las fuerzas productivas como nunca se había en la historia.

Sin embargo, en nuestro país la presión tributaria es formalmente baja por las razones equivocadas: un sistema tributario sumamente complejo, con figuras impositivas que agreden cualquier iniciativa de negocios o de inversión y que empujan la economía hacia la informalidad. Una verdadera retranca para la competitividad internacional.

Y, así las cosas, nos enfrentamos a un escenario post electoral que ineludiblemente incluye una reforma fiscal que desde el punto de vista gubernamental deberá reflejarse en un incremento de la presión tributaria, y -probablemente- sin ningún énfasis en la calidad del gasto público. Esto deberá ocurrir en el marco de un retrasadísimo pacto fiscal. Los antecedentes no son, lamentablemente, halagüeños. En el 2012, una vez instalada la presente administración, sometió a la consideración del Consejo Económico y Social (CES) su traumático proyecto de reforma tributaria. El CES hizo valiosas observaciones que al final fueron ignoradas, y el proyecto enviado al Congreso fue aprobado de manera mecánica. Todavía hoy día algunas disposiciones de esa reforma no han podido ser aplicadas. ¿Qué pasará en esta ocasión si el CES no está de acuerdo con las propuestas oficiales? ¿Será nuevamente ignorado?, o, en esta ocasión, ¿será diferente? Es solo cuestión de meses para saber.

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