Franco exhumado; Trujillo expatriado

Hace 44 años murió el generalísimo Francisco Franco, quien gobernó España con mano de hierro desde la finalización de la guerra civil en 1939 hasta su deceso natural en 1975. En aquel momento su cuerpo embalsamado fue sepultado en el Valle de los Caídos, espectacular monumento funerario construido por él mismo.

Allí coexisten los restos de miles de republicanos militantes de izquierda con miles de falangistas y nacionalistas de derecha que murieron en el desarrollo de la brutal contienda. Todavía hoy, algunos segmentos de la población no se resignan a que sus deudos yazcan junto a quienes fueron sus verdugos, y conste que los hubo de ambos lados.

El Valle de los Caídos no ha podido ser el monumento que curara las heridas aún sangrantes, porque el lugar de honor lo ocupaba hasta hace pocos días el jefe militar del alzamiento contra La República, máximo responsable de la represión sobre el bando contrario. Cerca de su bóveda ahora vacía se encuentra la de quien fuera jefe político de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

En la forma en que fue dispuesto, ese monumento funerario proyecta la imagen de que los vencedores de aquella contienda mantienen por siempre su dominio sobre los vencidos. Y de que los valores democráticos están subordinados a los de la dictadura.

La democracia española no ha sido capaz de cambiar el signo de esa simbología perturbadora. Quizás hubiera bastado con otorgar igual sitial a todos los caídos. Ahora comienzan a intentarlo.

En ese proceso deberían tener el cuidado de no alentar aquellas terribles pasiones que llevaron al odio y la disputa violenta entre hermanos.

El pasado 24 de octubre, en atención a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, los restos de Franco fueron sacados del Valle de los Caídos y llevados al cementerio privado de Mingorrubio en el Pardo, Madrid.

Lo que no se sabe es si el propósito real de las autoridades actuantes es resaltar los símbolos democráticos, o invertir el orden de las cosas en favor del bando vencido, en menosprecio del otro, los vencedores, o utilizar el traslado como cebo electoral para terciar en las próximas y cercanas elecciones.

Este episodio recuerda a los dominicanos su angustiosa existencia en los terribles años de la dictadura de Trujillo. No hay comparación posible entre estos detentadores del poder.

Franco fue un militar de carrera con méritos de guerra y de liderazgo político. Jamás llegó a la abyección y crueldad del tirano de Quisqueya, a pesar de las desfavorables circunstancias históricas en que llegó y se mantuvo en el poder.

En cambio, Trujillo fue un monstruo sanguinario, inescrupuloso, corrupto y sexualmente abusivo.

Los restos del sátrapa de San Cristóbal reposan en un exilio lejano, impuesto por el miedo de sus familiares a una eventual profanación y la resistencia de sus opositores a que sea objeto de glorificación.

En el caso dominicano, lo importante no es el lugar que pudieran ocupar los restos de ese mortal envilecido, sino el hecho comprobable de que todavía se encuentran muy vivas y crecidas las raíces malignas del germen autoritario, cuyas múltiples cabezas están resurgiendo.

Ahí es donde radica el mal a ser desterrado.

Ante las recientes actuaciones violatorias de la institucionalidad democrática, al liderazgo nacional solo le queda el camino abierto por Juan Bosch decenios atrás, de denunciarlas con vigor, minuto a minuto, día a día, y someter a las autoridades a su propia legalidad.

El Poder Ejecutivo tiene que ser reducido a la dimensión estrictamente compatible con el ejercicio democrático. No debe quedar espacio libre al personalismo ni al gasto público clientelar, ni permitirse que los poderes legislativo y judicial naveguen en aguas infestadas de sumisión, ni tolerarse que el Estado sea manejado como feudo privado.

No más atropellos a la Constitución. No más argucias para prolongarse o volver a aspirar sentarse en la silla de alfileres.

El uso abusivo de los recursos públicos, compra de consciencias, acaparamiento de los canales de opinión, carencia de transparencia, endeudamiento desbocado, trastrocamiento de la voluntad popular y renuncia a hacer cumplir las reglas migratorias y laborales, constituye un atentado contra los fundamentos democráticos y un riesgo para la preservación de la soberanía.

La evidente deriva desnacionalizante y el descarrilamiento de la institucionalidad, tiene que ser frenada y sus autores escarmentados.

A los que desde el poder exhiben un talante iracundo y descompuesto, hay que hacerles saber que el correctivo será tan duro como la resistencia que opongan al retorno al cauce de la legalidad democrática.