Independencia de los poderes del Estado
Independencia no significa que cada poder del Estado constituya un compartimento estanco. La gobernabilidad depende de la permeabilidad entre poderes siempre y cuando se respete su independencia.
En la última década del siglo XX se creó, por mandato constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); en la primera del nuevo siglo, los tribunales constitucionales (TC) y superior electoral (TSE) y hace poco se promulgó la espinosa ley de Partidos; con el CNM, producto de la crisis desatada por las turbias elecciones de 1994, se buscaba asegurar la independencia del Poder Judicial; el TC, la Constitución y las leyes; con el TSE, regular la ley de Partidos y ciertas decisiones de la Junta Central Electoral (JCE). Un entramado unido por vasos comunicantes bajo el ojo avizor de las modificaciones constitucionales de 2010.
República Dominicana nunca había experimentado una independencia tan marcada entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y Judicial como la que aparentamos tener hoy día. En el primer medio siglo de independencia y sus consabidas guerras con Haití y, luego, con España en busca de restaurar la República y las dictaduras de Santana, Báez y Heureaux que se repartieron esos primeros 55 años de vida de país emancipado y libre, el Poder Ejecutivo siempre ha sido el predominante. Así fue en el siglo XX cuando alcanzó su mayor esplendor durante la dictadura de Trujillo (1930-1961).
Los gobiernos de Trujillo se decían “democráticos”. Hubo elecciones presidenciales, legislativas y municipales cada cuatro o cinco años, según mandara la Carta Magna. Se toleró en 1945 ó 46 que el Partido Socialista Popular [PSP] (de orientación marxista-leninista), orientado por exiliados republicanos españoles, funcionara “libremente” en el país. Hubo incluso simulacro de candidatos de oposición en las elecciones de 1947.
El congreso era “elegido” por el pueblo, aunque su escogencia significaba la elección; los jueces que constituían el Poder Judicial los designaba el Senado; pero, como todos sabemos, cada funcionario “elegido por el pueblo” no asumía sus funciones sin haber firmado previamente su carta de renuncia. ¡Vaya independencia de poderes!
El Congreso Nacional era una suerte de tablero de ajedrez en que las piezas se movían según los intereses de la tiranía. La Constitución estaba siempre en perfecta armonía con la vida política dominicana. Sus modificaciones se hacían en beneficio del régimen y del tirano. Entre 1930 y 1961 se modeló la conducta política dominicana al extremo que se piensa todavía hoy que los poderes Legislativo y Judicial, no eran más que auxiliares del Ejecutivo. Durante su dictadura Trujillo fue “elegido” presidente en 5 ocasiones. Se escogían marionetas para la Presidencia. Lo que me recuerda que en Venezuela, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, se procedía de manera semejante y se decía, a propósito de esos monigotes: “¡Aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente!”.
Con la muerte de Trujillo, a pesar de la permanecía en el país de la familia del dictador hasta noviembre de 1961, la situación política cambió. Se disolvió el Congreso nacional y se creó el Consejo de Estado que debía nombrar jueces y fiscales, suerte de contrapoder al Ejecutivo que presidía Joaquín Balaguer, último títere de la dictadura. Balaguer, consciente de que el Ejecutivo era el poder por excelencia para sus compatriotas, logró mantenerse como presidente hasta finales de enero de 1962.
Con la elección de Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962. Primeras elecciones libres en más de 30 años, el Senado recuperó su calidad de seleccionador de los jueces y el Ejecutivo conservó su rol en cuanto a la designación del ministerio público.
Con excepción del Poder judicial, se podría decir que había independencia de poderes durante el gobierno de Bosch (febrero-septiembre de 1963). Durante el corto mandato de Bosch no se presentó una crisis que pusiera en duda la independencia de los poderes del Estado.
Del Putsh de 1963 a la elección de Joaquín Balaguer el 1 de junio de 1966, pasando por las guerrillas de noviembre de 1963, por la guerra de abril de 1965, por la intervención militar norteamericana y por el gobierno provisional de Héctor García-Godoy (1965-1966), constituyen la mayor crisis de la democracia dominicana del siglo XX.
Con el primer período de gobierno de Balaguer en 1966 se inicia un confuso proceso de estabilidad democrática.
Independencia no significa que cada poder del Estado constituya un compartimento estanco. La gobernabilidad depende de la permeabilidad entre poderes siempre y cuando se respete su independencia. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no debe reducirse a nivel de un intercambio comercial entre particulares, sino en beneficio del país.
Sin reducir el poder que le da el artículo 55 de la Constitución al Ejecutivo, con la promulgación de la nueva ley de administración pública (2008), se ha comenzado a disminuir el clientelismo que estimula esa facultad constitucional. Cuando se logre fortalecer la carrera administrativa en la función pública, por medio de oposiciones serias y honestas, entonces el Poder Legislativo y el judicial serán considerados por el ciudadano de a pie como realmente independientes frente al poder que tiene la potestad de nombrar a los funcionarios públicos.