Ley, frontera y desarrollo

La frontera significa contención, movilidad regulada. Desde hace tiempo se ha estado produciendo la penetración de inmigrantes haitianos ilegales, incluidas parturientas, como si gozaran de derechos para cruzar el límite, andar a sus anchas, parir, trabajar y hacer lo que les viniera en gana sin que autoridad alguna se inmutara.

La frontera emocional, no la física, se ha trasladado. Los numerosos inmigrantes ilegales del país vecino la han movido hacia sus lugares de establecimiento en territorio dominicano; no se integran, aspiran a prevalecer algún día, a sustituirnos, expatriarnos. Se ha incubado un problema de proporciones gigantescas, que coexiste con el abandono de las regiones fronterizas donde la dominicanidad apenas se siente, y las ondas de las comunicaciones se perciben diluidas, con poca intensidad.

El Estado ha sucumbido a su obligación primaria de velar por la soberanía y por el cumplimiento de las leyes. Ciudadanos ciegos por la avaricia han antepuesto sus intereses individuales a los del colectivo al contratar a ilegales haitianos para ahorrarse dinero o aumentar sus ingresos. La nacionalidad está en riesgo, el mercado de trabajo distorsionado, el nivel educativo en baja, la calidad sanitaria deprimida; existen tensiones en la cohesión social.

Hay que reconocerlo, recapacitar, reaccionar, pero sobre todo introducir correctivos fuertes y urgentes. De lo contrario, el ideal de Duarte perecerá. Y la dominicanidad quedará sustituida, desplazada, arrinconada, liquidada.

Ya lo he dicho: Es de la mayor urgencia frenar el flujo inmigratorio ilegal y deportar a los ya establecidos. Imponer sanciones contundentes a las empresas y ciudadanos que empleen esa mano de obra sin poseer los permisos de trabajo correspondientes. Modificar el Código de Trabajo para flexibilizar el mercado laboral, con objeto de disminuir la informalidad, incorporar mayor cantidad de mano de obra dominicana al segmento formal, dotarla de protección social y salarios dignos.

La región fronteriza está sedienta de presencia de lo nacional y de inversiones en infraestructura, agropecuaria, industria, turismo, servicios. Ávida de medios que eleven la calidad de vida de los moradores. Satisfacer esas aspiraciones equivale a promover que unidades económicas provistas de credenciales gerenciales se establezcan en esas coordenadas, utilicen los recursos materiales y humanos, creen valor agregado y florezcan en productividad.

Eso sí, hay que ponderar que en algo de tan alto interés nacional no caben improvisaciones, ni apresuramientos, poses populistas, ni ventas de estampitas relucientes, cual si fueran pepitas de oro.

El Estado atraviesa por una situación compleja. Existen serios problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas por el proceso irresponsable de endeudamiento de los últimos años, ahora agravado por la pandemia. Y se requiere insertar el país más competitivamente al mercado internacional para elevar los ingresos, el empleo, reducir la pobreza y desigualdad.

Se vislumbra una profunda reforma fiscal para 2022, aparejada con otras que eliminen trabas y liberen el potencial creativo de la comunidad. En consecuencia, habrá que revisar con minuciosidad todo el armazón de estímulos fiscales y ajustarlo a las necesidades de los tiempos.

Las ansias de sectores políticos de llevar esperanza a la zona fronteriza en la forma de aprobación de una ley de incentivos están justificadas. Más aun lo está la necesidad de evitar frustraciones. En las condiciones actuales lo prudente sería que las iniciativas a favor de la zona fronteriza sean conocidas dentro del marco de un plan de desarrollo y de las reformas que haya que introducir, incluida la fiscal, para que forme parte de un todo coherente.

La gente necesita soluciones efectivas, no sueños que terminen rotos, depriman y aniquilen cualquier posibilidad de regeneración.

Como la necesidad no espera, podría otorgarse un plazo de un año para que las empresas que estaban acogidas a la ley 28-01 puedan seguir operando, mientras se define, perfila y perfecciona el nuevo instrumento. Sería una pena que se otorgaran concesiones basadas en criterios que pudieran constituirse en un enredo, si dieran lugar al surgimiento de derechos no alineados con las reformas por venir.

Las provincias de la línea merecen todo el apoyo necesario para que puedan generar enlaces que conecten entre sí las áreas productivas y crear empleos directos e indirectos, con protección social, para dominicanos. Léase bien, ¡dominicanos! La ley debería contemplarlo así. Es lo que rompería el nudo de pobreza. En vez de alentar a ensambladoras de materias e insumos extranjeros, con escaso valor agregado nacional, cuya sobrevivencia depende de renuncias fiscales. Los pueblos fronterizos han esperado lo más, casi sin provecho alguno. Valdría la pena esperar lo menos, para integrarse al torrente económico, resurgir y prosperar.

Las provincias de la línea merecen todo el apoyo necesario para que puedan generar enlaces que conecten entre sí las áreas productivas y crear empleos directos e indirectos, con protección social, para dominicanos. Léase bien, ¡dominicanos!

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.