Los fondos de pensiones

El proyecto de ley en curso en la Cámara de Diputados que busca la entrega a los trabajadores del 30% de lo acumulado en los fondos de pensiones ha encontrado una cerrada oposición de una diversidad de sectores, algunos que se estrenan, sospechosamente, como defensores de los trabajadores.

Ciertamente recurrir a los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores, desde que empezó a implementarse la Ley 87-01, significaría traspasar el peso de la crisis económica, social y sanitaria en desarrollo a los trabajadores cuando precisamente ellos son de los sectores más vulnerables a la crisis. Sería un acto de injusticia social que luego de años de sacrificio para contar con unos exiguos ahorros para obtener pensiones miserables en el futuro, ahora se disponga de ellas para enfrentar la crisis.

¿Cuánta iniquidad supondría que siendo los afiliados al régimen de seguridad social parte de los sectores más pobres y humildes, sean despojados de una parte de sus limitados ahorros, representados en los fondos de pensiones, posiblemente el único ahorro del que disponen?

A esta razón de justicia se le añade otra, desde la racionalidad económica, -que casi siempre solo hace aparición en el escenario cuando se trata de medidas para favorecer a los sectores más pobres— y es que la entrega del 30% de los fondos de pensiones acumulados traería como consecuencia distorsiones en el mercado cambiario y en la estabilidad macroeconómica, impactaría el sistema de precios y las tasas de interés.

Ahora bien, más allá de toda esta argumentación, finalmente muchos de estos sectores no dan respuesta al problema de fondo que ha motivado que se reclame la entrega del 30% de los fondos acumulados por los trabajadores. Y el problema de fondo es que la inmensa mayoría de los 3,958,730 afiliados en el sistema han dejado de percibir, durante la crisis, sus ingresos ordinarios, ya sea porque fueron suspendidos o han quedado cesantes en el proceso, viendo deteriorarse el nivel de vida de sus familias en momentos en que percibiendo menos, todo se está comprando más caro y hay pocas probabilidades de obtener un nuevo empleo.

La respuesta de justicia que hay que dar en medio de esta crisis es que los que más tienen sean los que carguen con el mayor peso de la crisis al tiempo que se garantice que la población no se hunda en la desesperación por el desempleo, el hambre y la falta de servicios básicos.

Es oportuno precisar que las AFP, que no son las dueñas de los fondos de pensiones, han ganado hasta 5 veces más que sus verdaderos dueños que son los trabajadores. Estos apenas perciben en promedio un 5.47% de ganancias, deduciendo la inflación, retorno que no contribuye a aumentar significativamente la pensión que tendrían luego de su retiro, que apenas representa el 60% de su salario promedio. En los años de vigencia de la Ley de Seguridad Social las Administradoras de Fondos de Pensiones, a diciembre del 2019, ya se habían ganado la suma de 64 mil millones de pesos y junto a las ARS unos 120 mil millones de pesos.

Es pues momento de comenzar a enmendar esta grave distorsión para que las ganancias que generan los fondos acumulados en las pensiones vayan a los legítimos dueños de esos recursos, que son los casi 4 millones de afiliados en el sistema y que al 31 de diciembre del 2019 ya se habían acumulado 576 mil millones de pesos en ahorros y si se le suman los otros sistemas previsionales asciende a unos 732 mil millones.

En ese contexto, el proyecto de ley que cursa en el Congreso para modificar la Ley 87-01 es rescatable, introduciéndole algunas variaciones de fondo.

La primera es la creación de un Fondo de Contingencia Económica con cargo a los fondos de pensiones, el cual se repondría de las futuras ganancias de las AFP y las ARS, fondo este que se utilizaría para conceder una compensación equivalente al 50% del salario de cada trabajador y cuya entrega se haría de forma sucesiva por los próximos tres meses.

Una disposición así, no solo seria de justicia, sino que pondría en manos de los trabajadores recursos para hacer frente a las contingencias provocadas por la pandemia y saldar compromisos de deuda contraídos por consumos realizados fuera del alcance de sus limitados ingresos. Además, al entregarse a cada trabajador en tres pagos el monto de la compensación, se minimizaría su impacto inflacionario, al tiempo que se dinamizaría el mercado, ahora ralentizado porque los trabajadores y consumidores en general están percibiendo menos ingresos.

En segundo lugar, el proyecto de ley debe consignar que los trabajadores que no hicieran el retiro de la totalidad o de parte de fondo de compensación que le corresponda, pudieran optar, en cambio, por la capitalización de estos fondos en su cuenta, con lo cual estarían garantizando una mejor y más digna pensión en el futuro.

Reto pues a los legisladores proponentes y a los nuevos defensores de los trabajadores a que si en verdad les duele la suerte de los hombres y mujeres de trabajo, a que modifiquen el proyecto de ley originario y salgan con la misma vehemencia a exigir que se reduzcan las altísimas ganancias que actualmente está percibiendo el sector financiero de los fondos de pensiones.