Los jueces de la Suprema

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

En vez de fortalecer la institucionalidad y dar continuidad a aquellos jueces que durante estos últimos 7 años demostraron dedicación, capacidad, carácter, probidad e independencia de criterio, casi todos fueron destituidos para dar ingreso a nuevos jueces.

Se rompe así el precepto constitucional que establece la inamovilidad por un período de 7 años y la posibilidad de continuar por otros períodos.

El espíritu de ese precepto constitucional es dar estabilidad y cohesión de cuerpo a los recursos humanos de las altas cortes, cuyo cese solo se justificaría si se hubieran producido situaciones o comportamientos que ameritaran la terminación de sus carreras, lo cual parecería no haber sido el caso.

El poder dominante aprovechó, pura y simplemente, el pie de amigo que le fue tendido con tanta holgura por algunas asociaciones empresariales y de la sociedad civil, para sustituir a los jueces designados bajo la influencia del gobierno anterior por otros marcados por el designio del actual.

Un bloque sustituyó a otro bloque. Un sello dejó fuera otro sello. Y esto tiene un nombre: politización de la justicia. Las víctimas son los jueces, los de antes y los de ahora, expuestos ante la opinión pública como mercancías inclinadas a sus valedores.

Así lo reconoce el presidente del Senado, quien justificó las decisiones adoptadas en atención a que “múltiples sectores de la sociedad, durante el proceso de evaluación, estuvieron demandando la renovación de esta alta corte como forma de relanzar el Poder Judicial y avanzar hacia una nueva etapa de reformas, entre estos sectores está el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y organizaciones de la sociedad civil.”

Es posible que esas organizaciones de la sociedad civil no se dieran cuenta de que este país lo que necesita es regenerar el sistema político y fortalecer el poder judicial, en vez de debilitarlo. Lo que se ha hecho no encaja con esas necesidades.

Como consecuencia, hay que lamentar que magistrados de la trayectoria de Miriam Germán, o de José Alberto Cruceta, entre otros, hayan sido sacrificados, apartados, en vez de haberlos mantenido en base a sus méritos, integridad y carácter, con lo cual el sistema judicial se debilita y pierde grados sensibles de independencia.

O que otros profesionales sobresalientes que optaron por plazas vacantes, hayan sido soslayados.

Lo anterior no encierra crítica alguna hacia la solvencia moral y profesional de los nuevos jueces designados, a quienes se reconoce en sentido general buena formación y reputación. En particular, ese es el caso de Luis Henry Molina. Es de esperar que sus condiciones éticas le lleven a mantener la debida imparcialidad para honra de su linaje.

Pero como asunto de principios: nunca más debería repetirse la elección de un militante político para integrar las altas cortes.

Lo acontecido lleva a algunos analistas a pensar que se ha conformado una alta corte con la pretensión, tal vez vana, de dar tranquilidad y tratar de impedir que prosperen eventuales procesos que comprometen la responsabilidad del poder político dominante, en vez de crear condiciones para que se imparta justicia ciega para todos.

De lo anterior surgen varias conclusiones.

Primero, el CNM ha perdido legitimidad.

Segundo, es imprescindible cambiar el sistema de selección para minimizar o erradicar la influencia del poder político.

Dado lo acontecido, algunas asociaciones empresariales y de la sociedad civil han contraído el deber moral de empezar a proclamar de viva y potente voz la aplicación del criterio de renovación para la elección de los cargos públicos electivos, lo cual les permitiría volver a alinearse en forma inequívoca con los intereses de la nación.

Y hacerlo sobre todo en lo que concierne al Poder Ejecutivo, pues, tal y como establece la constitución, hay que renovarlo como máximo a los 8 años de ejercicio.

La fiebre nunca ha estado en la sábana. La debilidad de la justicia radica en el afán continuista y clientelar y en la conveniencia de cubrirse las espaldas con un poder judicial que le sea afín y deudor.

En esas circunstancias, la independencia agravia y la sumisión es un mérito.

Una coletilla final: que nadie se sorprenda si a los jueces maltratados y a los aspirantes con condiciones sobresalientes descartados, la rueda de la vida les guardara la oportunidad de ser protagonistas de episodios que conmuevan y saneen al aparato político y judicial. A veces, también así opera la mano de Dios.