Perspectivas electorales luego de las primarias

En apenas 4 y 7 meses tendremos las elecciones municipales, congresuales y nacionales. Es imposible avocarnos a esos procesos con los actuales niveles de cuestionamientos que hay sobre el recién pasado proceso de primarias. Hacerlo podría significar un nuevo “matadero” electoral, surgimiento de autoridades ilegales e ilegítimas y la subsecuente crisis política que le seguirá.

El mayor peligro que tiene el venidero proceso electoral está en la vocación continuista del partido oficial y su actitud avasallante de imponerse por todos los medios y carente de todo escrúpulos para utilizar todos los recursos del poder para lograrlo.

Lo que más ha contribuido a deteriorar la imagen de la JCE es la actitud permisiva que durante el proceso de primarias mostró hacia el oficialismo y su falta de autoridad para hacer respetar la legalidad electoral.

A pesar de ello, todos los que nos sentimos identificados en la necesidad de garantizar en el 2020 unas elecciones limpias, con equidad y respeto de la Ley, estamos obligados a definir una agenda de trabajo y comenzar a actuar para garantizar la pulcritud del proceso.

Examinemos algunos de los puntos de la agenda pendiente en materia electoral.

Propaganda electoral. Durante todo el proceso hubo un despliegue apabullante de propaganda. No es aceptable que quien tenga más dinero pueda disponer a su antojo de todos los medios de comunicación para promover su candidatura. Para que haya equidad es necesaria la reglamentación de la propaganda y publicidad en los medios de comunicación y en la colocación de propaganda en lugares públicos.

Medios de comunicación estatatales. Garantizar el acceso igualitario de los candidatos a los medios de comunicación propiedad de Estado Dominicano.

Encuestas. En el proceso de primarias se publicaron “supuestas” encuestas cuyo objetivo era manipular la voluntad del elector. Incluso se difundieron falsas encuestas a boca de urna el propio día de las votaciones. La ocasión es propicia para que la JCE realice una auditoría científica de todas estas empresas carentes de toda ética profesional y cancelarles la autorización en el órgano electoral e inhabilitarlas.

Recursos de los candidatos y origen. En un proceso electoral tiene que haber equidad en los recursos de que puedan disponer los candidatos para la promoción de sus candidaturas. Acabamos de ser testigos de una verdadera orgía de grandes sumas de dinero de origen desconocido utilizadas a favor del candidato del oficialismo. Corresponde a la JCE organizar el monitoreo de los recursos que utilice todo candidato así como investigar sobre el origen de esos fondos.

Recursos públicos. El gobierno puso a favor de su precandidato no solo los recursos públicos sino que volcó a hacer campaña a los ministros y altos funcionarios, sin que ninguno pidiera licencia. Utilizaron el personal, los vehículos y el presupuesto de sus ministerios. No hubo reacción alguna de la JCE. Este abuso de poder que rompe la equidad y la legalidad electoral hay que enfrentarlo.

Clientelismo. En el proceso de primarias, sobre todo por los precandidatos oficialistas, fue frecuente el ofrecimiento a cambio del voto, de electrodomésticos, medicinas, pavimentación de calles, gastos funerarios, anillos de graduación, autobuses estudiantiles, mochilas, entre muchas otras formas de clientelismo político. Estas prácticas fueron públicas sin reacción de la JCE.

Compra de votos. Participación Ciudadana documentó que en más de un 30% de los recintos electorales constataron compra de votos a plena luz del día y con total descaro, exhibiendo grandes sumas de dinero y propaganda de una y otra facción del peledé. Esta masiva compra de votos no provocó la más mínima reacción de la JCE ni del Ministerio Público.

Policía Electoral. Es impostergable contar con una Policía Electoral entrenada para actuar frente a la compra de votos y propaganda electoral dentro del Colegio Electoral, recinto y sus alrededores.

Procuraduría Especializada. Es una condición indeclinable para el próximo proceso electoral la puesta en funcionamiento de la Procuraduría Electoral creada por la Ley 15-19, facultada para investigar y perseguir los delitos y crímenes electorales. El titular tiene que ser una persona capaz, honesta e independiente. Está propuesto un excelente candidato que difícilmente pueda ser superado: el Dr. Ricardo Nieves.

Voto automatizado. La utilización del voto automatizado en las primarias del 6 de octubre se hizo a título de prueba. Si algo está demostrado es su vulnerabilidad. La posibilidad de su utilización está condicionada ahora a que se realice la auditoria forense de los equipos utilizados y la auditoría técnica de los que faltarían para adquirir. Además, tiene que incluirse el conteo manual de los resultados en el 100% de los Colegios Electorales.

La obligación de la JCE y de los actores políticos con verdadera convicciones democráticas es garantizar no solo un conteo y transmisión rápida de los votos, sino, sobre todo, un proceso electoral creíble, transparente, realizado con equidad y del que surjan representantes legal y legítimamente elegidos.