Presupuesto, deuda y déficit fiscal

El Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados, el pasado viernes primero, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para El 2022, ascendente a 1 billón 46 mil millones de pesos. De nuevo estamos ante un presupuesto deficitario, que será financiado con más endeudamiento público, siguiendo la receta patentada por los gobiernos peledeístas.

Al comprobar que se repite la historia de siempre, es válido preguntarse si este fue el cambio prometido. Escucho ya el coro de voces oficialistas responder que este presupuesto tuvo que elaborarse así a consecuencia de la pandemia, además porque no se ha hecho la anunciada reforma fiscal para aumentar la actual carga tributaria.

La verdad cruda es que este gobierno, como los precedentes, no tiene la determinación para tocar los intereses de los sectores y poderes fácticos que controlan la dirección del Estado. En esta democracia de caricatura, la tradición es que, aún en los casos en que se cambia al gobernante, se reeligen siempre los intereses y privilegios de los beneficiarios de este modelo neoliberal.

Este segundo presupuesto presentado por Luis Abinader y el pereeme es un vivo ejemplo de lo afirmado. ¿Es cierto que estamos obligados a tener un presupuesto deficitario? ¿Es cierto que tenemos que seguir endeudándonos? ¿Es cierto que para cambiar este esquema de presupuesto hay que esperar la reforma fiscal?

Nada más falso. Si el gobierno de Luis Abinader quisiera y tuviera la voluntad y determinación necesarias, utilizaría otras vías para evitar un presupuesto deficitario y más endeudamiento.

Es más, puede decirse que, en ausencia de la reforma fiscal integral, el gobierno de Luis Abinader tiene una magnífica oportunidad para dar el primer paso en la perspectiva de sanear las finanzas públicas y mejorar la calidad del gasto público. A modo de ejemplo veamos 6 acciones que le darían al Gobierno el aval político y moral para más adelante hacer una reforma fiscal integral que transforme las fuentes de financiamiento del presupuesto hacia un modelo fiscal directo y progresivo.

1º. El gobierno de Luis Abinader puede impulsar la revisión una por una de las exenciones, subsidios, facilidades e incentivos fiscales, para eliminar todos aquellos que constituyen privilegios o que la realidad de hoy ya no justifica su mantenimiento. El Ministerio de Hacienda evaluó el total de los gastos tributarios en RD$285,688 millones para este presupuesto de 2022.

2º. Desarrollar una estrategia decidida y eficaz para la eliminación progresiva de la elusión y evasión fiscal. Incluyendo entre éstos los capitales de dominicanos depositados en paraísos fiscales, evasores fiscales flagrantes. Los economistas, en el cálculo más conservador posible, evalúan la evasión y elusión fiscal en más de RD$200,000 millones anuales.

3º. El Poder Ejecutivo debe tomar la iniciativa para la revisión de los contratos mineros, especialmente el concertado con la Barrick Gold. Como es conocido, en estos últimos años el oro ha experimentado alzas extraordinarias y el Estado Dominicano permaneció ausente de estos incrementos. No se olvide que el contrato originalmente concertado por el gobierno de Leonel Fernández y aprobado sin leer por su congreso estableció una proporción de 97% para la empresa y un 3% para el Estado Dominicano. Y más allá de los pronunciamientos y aspavientos hechos por Danilo Medina, la verdad es que en el Congreso Nacional no se registra que se haya introducido ningún cambio en los porcentajes del contrato original. ¿Cuánto puede suponer para el Estado Dominicano una renegociación de este contrato si este gobierno exigiera el pago justo por el oro que es propiedad exclusiva del pueblo dominicano?

4º. Luis Abinader, utilizando la mayoría que tiene el PRM en el Congreso, puede muy bien eliminar de una vez y para siempre el barrilito, el cofrecito y las 2 exoneraciones que reciben los legisladores y que son una forma de corrupción legalizada. Una investigación realizada por el Diario Libre reveló (27.09.2021) que desde 2010 los senadores y diputados han importado vehículos exonerados, en su inmensa mayoría para venderlos, dejando de pagar impuestos al Estado por valor de RD$2,649 millones por concepto de impuestos.

5º. El presidente debe eliminar las más de 50 instituciones duplicadas o sin funciones, igual que las nominillas, las que actualmente reproducen la práctica clientelista fomentada por los gobiernos peledeístas.

6º. Igual, es necesario reducir los sueldos de lujo de los altos funcionarios del Estado y de los organismos descentralizados y autónomos, estableciéndose una escala salarial en el Estado que sea un múltiplo del salario mínimo, estableciendo como salario tope el del presidente de la República. Para tener una idea tomemos el caso del gobernador del Banco Central. A septiembre de 2021, conforme los medios de prensa de los bancos centrales, el gobernador dominicano ostenta el salario más alto de toda América Latina. Éste asciende a US$26,643.00 mensuales que a una tasa de 56.8 equivale a RD$1,513,380 pesos mensuales. Los más cercanos son el de Chile: US$22,801.00; México: US$18,265.00; US$ Costa Rica: US$16,197.6; Colombia: US$12,916.00. La media salarial, para el resto de gobernadores de la región, es de 7 mil dólares mensuales ¿Puede mantenerse esta inequidad salarial en el sector público, en un país donde la inmensa mayoría asalariada gana RD$15,000 pesos mensuales –equivalente a 265 dólares— o menos?

Para impulsar y adoptar estas medidas, el presidente Luis Abinader no necesita de la previa reforma fiscal.

El gobierno de Luis Abinader y el pereeme no parecen llevar este camino. Al preferir el aumento de la tarifa eléctrica, en vez de eliminar los privilegios de los generadores y de las grandes empresas y de las mineras que importan combustibles exonerado para operar sus plantas, este gobierno revela que aplicará la misma receta peledeísta, esto es, continuar haciendo parches tributarios puntuales que sigan poniendo la carga de la crisis en los hombros de los sectores medios y populares.