Seguridad alimentaria y agricultura familiar en República Dominicana
La República Dominicana acaba de dar dos pasos firmes hacia su desarrollo. En la misma semana. El miércoles 8 de junio, el Congreso aprobó la ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el jueves 9, el ministro de Agricultura, Ángel Estévez, publicó una resolución a favor de la Agricultura Familiar.
No pretendo en este breve artículo profundizar en el contenido de ambos textos, sino analizar su importancia de forma conjunta. Primero, resaltar que el proceso para haber llegado a estos resultados concretos es tan importante como el contenido de los documentos, y en los dos casos la sociedad en su conjunto se ha involucrado con tesón y madurez.
El Estado dominicano, como no podía ser de otra forma en un país de renta media alta que tiene clara su apuesta por el desarrollo y el fortalecimiento institucional, ha dirigido el proceso según su mandato: el Congreso de la República para aprobar la ley, con un destacado rol realizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre, y el Ministerio de Agricultura para articular de forma consensuada la Resolución RES-MA-2016-14, por la que se crea el Consejo Consultivo de la Agricultura Familiar que deberá, entre otras funciones, “coordinar el diseño y ejecución de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar en el país”.
Si hubiera que destacar a un actor de la sociedad, habría que resaltar a las asociaciones de productores y productoras del país, que ahora formarán parte del Consejo Consultivo mencionado. A través de estas asociaciones, los ciudadanos de zonas rurales se han involucrado tanto en la formulación de la ley como de la resolución, lo que me lleva a un segundo punto que quiero resaltar en este análisis conjunto: la relación entre la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.
La inseguridad alimentaria se puede medir de varias formas, una de ellas a través del indicador de subalimentación, que expresa el déficit en el consumo de energía alimentaria. Este indicador se actualiza a nivel global cada año, en una publicación conjunta de la FAO, el FIDA y el PMA. En el año 2015, los datos reflejaban que la República Dominicana cumplió con la meta relativa al hambre en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al haber reducido este indicador del 34% en el año 1992 al 12% en 2015.
Pero un 12% de ciudadanos con hambre en un país, cuyo PIB ha crecido de media un 4.8% en los últimos 20 años, no debe conformarnos. Además de continuar los esfuerzos de redistribución de la riqueza a través del gasto público social, expresado entre otros a través del Programa de Alimentación Escolar o el Programa Progresando con Solidaridad, que alcanza casi al 25% de la población dominicana, hay que proteger y fortalecer los medios y condiciones de vida de un sector de la población que al mismo tiempo que padece hambre es clave para la producción de alimentos en el país: la agricultura familiar.