Seguridad Social Digna

Hoy, a pesar de la consagración constitucional, los dominicanos no tienen garantizados como derecho ni salud de calidad ni pensiones dignas. En gran medida se debe al sistema de seguridad social que desde el principio de este siglo se organizó mediante la ley 87-01. Se trata de un sistema de cuentas individuales y de administración privada de los fondos, los que provienen de aportes obligatorios que deben hacer trabajadores, empleadores y el Estado y que administran las AFP y las ARS.

Este modelo, por su denominación, “capitalización individual”, le vende la ilusión al trabajador de que está acumulando “para sí”, los aportes que tanto él como el empleador y el Estado hacen, más los intereses que estos generen. Le alimenta la idea de que no tendrá que compartir ni repartir con otros, por lo que al retirarse dispondrá de una gran bolsa de dinero para disfrutar en la recta final de su vida. Nada más falso. Del fondo acumulado en su cuenta individual, el trabajador es dueño nominal, y solo puede recibir una pensión al término de haber aportado durante 360 meses, es decir, 30 años. Como muestra digamos que, luego de 20 años de vigencia de la ley y de aportes, aún nadie ha recibido una pensión por cuenta de las AFP, y aquellos que empezaron a cotizar, por ejemplo, en el 2001, recibirán sus pensiones en el 2031, luego de cumplir los 65 años, por un monto que se estima en un 23% de su salario. Es decir, que para una persona que gana $20,000.00, su pensión será algo menos de 5 mil pesos.

Por su parte, las AFP administran el mejor negocio del mundo, pues la ley obliga a que se le entreguen los aportes tripartitos, para que ellas, como indica su nombre, los administren, que no es otra cosa que hacer negocios con esos fondos, y como es natural obtener ganancias. Pero estas administradoras no esperan 30 años para recibir sus ganancias, sino que lo hacen todos los meses constantes y sonantes. En promedio obtienen, —por vía de comisiones, altos salarios para sus ejecutivos y gastos operacionales— unos 7 mil millones al año, lo que ha significado en los 20 años de vigencia de la ley una suma ascendente a 140 mil millones de pesos.

Hasta el momento, a pesar de la impugnación social de que es objeto la ley 87-01, el Gobierno del PRM y que preside Luis Abinader, en su año y un mes de gestión, no ha fijado una posición respecto de la reforma de esta ley. Esto significa que la posibilidad de alcanzarla, en este momento depende de la concertación de sectores, movilización y presión ciudadana.

La buena noticia es que, el pasado miércoles 15 de este mes se desarrolló una novedosa y significativa jornada que reunió a grupos de ciudadanos en 100 esquinas en todas las provincias del país –y también de las comunidades del exterior— reclamando el derecho a una seguridad social digna. Precisamente, los auspiciadores de la jornada han formado La Coalición por una Seguridad Social Digna, de la que forman parte organizaciones sociales y personalidades independientes y que ha ido conformando filiales, en las distintas provincias del país, con organizaciones locales, activistas sociales y afiliados de la seguridad social. Es decir, estamos ante el proceso de vertebración de un gran movimiento ciudadano para la que podría ser la más importante conquista social de esta década: seguridad social digna.

Lo más importante de la jornada del 15 de septiembre ha sido el haberse concretado un pliego de demandas que reúne las demandas de la gente y que establece una perspectiva clara de la reforma integral de la ley 87-01. Veamos las demandas principales.

1. La eliminación de las AFP, —que se expresa como No Más AFP—es una demanda central de la Coalición. Se parte de que la pensión de las personas no puede ser un negocio, supeditado al lucro de los grupos financieros o de cualquier otro, sino que tiene que ser asumido como un derecho fundamental de la persona humana. Por tanto, el sistema debe alimentarse, igual que ahora, de los aportes de los trabajadores, empleadores y el Estado y debe dar lugar a un sistema de pensiones de carácter público, solidario y autónomo.

2. En la lógica de negocio de las ARS, las enfermedades de las personas se asumen como un” riesgo”. Por eso las ARS han diseñado un catálogo limitado de enfermedades y procedimientos y medicamentos que cubren. A los asegurados les está prohibido enfermarse fuera de lo que figura en ese catálogo. De igual modo, las ARS pagan de forma tan miserable los servicios médicos dando lugar al copago de las consultas, que debe cubrir el asegurado de su propio bolsillo. Esta demanda la expresa la coalición como “No Mas ARS. No Plan Básico. No Copago”, para dar lugar a un “Seguro Nacional de Salud”, que no funcione como un negocio para el lucro individual sino para garantizar la salud como un derecho de las personas.

3. La devolución de Fondos a los Trabajadores. Igual que ha sucedido en la mayoría de los países de América Latina donde existe este sistema de capitalización individual, los afiliados están reclamando la devolución de fondos, en nuestro caso, el 30% de los fondos acumulados. La idea catastrófica que se difunde por las supuestas consecuencias en la economía está harto demostrada lo que buscan es crear terror. En ninguno de los países que han devuelto los fondos no ha tenido ninguna consecuencia en la economía. Este reclamo tiene un fundamento de derecho: si los fondos son de los trabajadores, estos tienen toda la facultad para acceder a un porcentaje del fondo acumulado, justificado por la situación de pandemia y sus derivaciones.

4. Para la salud, el 4 % del PIB. Tradicionalmente la inversión en salud en el país no alcanza el 2% del PIB, muy por debajo de la inversión en salud de los países de la región, que suele estar por encima del 4%. Si algo dejó en claro la pandemia fue la crisis profunda que arrastra el sistema de salud del país. La mejor evidencia es como la concentración de recursos en la atención de la pandemia ha retrotraído algunos tímidos avances en varios renglones como las muertes materno infantil y las de enfermedades epidémicas. La población dominicana es de las que más tiene que aportar recursos de su bolsillo para cubrir gastos de salud por las deficiencias del sistema de la salud pública.

Ha llegado la hora de garantizar una seguridad social digna para todos los dominicanos, convirtiendo en realidad el derecho de las personas a la salud y a pensiones dignas.