Después de 26 heridas

Hay fotografías que informan y otras que duelen. Algunas consiguen resumir, en un solo cuadro, realidades que cientos de palabras apenas podrían explicar. La de Nayely Altagracia Capellán acostada en una camilla, sedada, en medio de un estrecho callejón de Las Cabuyas, La Vega, pertenece a estas últimas.

Dos días antes había sobrevivido a 26 estocadas presuntamente propinadas por su expareja. Fue llevada a un hospital, recibió atenciones médicas y posteriormente fue dada de alta. Pero verla allí, intentando recuperarse fuera de su humilde vivienda de madera y zinc porque el calor en su interior resulta insoportable, obliga a preguntarnos si sobrevivir fue suficiente.

No puedo imaginar el dolor de esa mujer. Tampoco su incomodidad. Ni la angustia de una familia que seguramente hace lo que puede con lo poco que tiene. No importa siquiera determinar cuántas de esas heridas fueron profundas y cuántas superficiales. Veintiséis heridas son veintiséis agresiones sobre un mismo cuerpo. Y escapar de la muerte debería ser razón suficiente para que alrededor de esa mujer se desplegaran todas las garantías posibles para proteger su recuperación.

Una persona recién salida de un hospital después de semejante agresión no debería estar convaleciendo en un callejón. No porque su familia haya decidido descuidarla, todo lo contrario. La fotografía parece revelar el esfuerzo desesperado de quienes buscan aliviarle el calor y hacer soportable su recuperación dentro de las posibilidades que tienen.

El problema es que la pobreza no ofrece demasiadas alternativas y ahí aparece otra dimensión de esta tragedia. Nayely no solo fue víctima de un intento de feminicidio, ahora también está expuesta a una precariedad que la obliga a recuperarse prácticamente a la intemperie. Polvo, insectos, contaminación, altas temperaturas y las condiciones propias de un espacio abierto difícilmente parecen compatibles con los cuidados que requiere una persona con 26 heridas recientes.

¿Quién vigila su evolución? ¿Quién garantiza que esas heridas no se infecten? ¿Quién determina si existen condiciones adecuadas para que continúe recuperándose en su hogar?

No pretendo sustituir el criterio médico, pero una fotografía como esa debería provocar, por lo menos, una revisión del caso por parte de las autoridades sanitarias. Hay, además, una pregunta anterior y todavía más inquietante: la familia asegura que desde 2023 existía una orden de alejamiento contra quien ahora es señalado como su agresor y que esa disposición nunca fue ejecutada. Si fue así, habrá que establecer qué ocurrió, porque las órdenes de protección no pueden convertirse en simples documentos destinados a engrosar expedientes, mientras una mujer continúa expuesta a quien la amenaza.

El Ministerio Público deberá procurar sanción contra el responsable, pero la presencia del Estado no puede limitarse al expediente penal. Salud Pública, los servicios sociales y las autoridades de La Vega deberían mirar esa imagen y preguntarse qué pueden hacer ahora mismo por Nayely y por sus tres hijas, quienes también cargan con el trauma de haber presenciado la agresión.

Una sociedad no demuestra cuánto protege a sus mujeres únicamente apresando al agresor; también lo demuestra evitando la violencia cuando existen señales de peligro y acompañando a la víctima después de sobrevivir.

Nayely ya tuvo que luchar demasiado para seguir viva. Que no tenga ahora que luchar también con uñas y dientes para sanar.