La Modernización de las Aduanas

Con el Proyecto de Ley General de Aduanas se pretende sustituir la Ley 3489 del 14 de febrero de 1953, que, debido a sus más de 60 años de vigencia, no recoge algunos principios del derecho aduanero moderno, ni refleja los avances económicos, jurídicos y tecnológicos que se viven en estos momentos, en el que necesitamos una aduana que trabaje 24/7, y levante la mercancía en un plazo no mayor de 24 horas.

La pieza fue conocida en el Senado, y ahora reposa en la Cámara de Diputados, donde fue remitida a comisión especial. Llegó al Congreso luego de lograrse el consenso entre los diversos actores público-privado que participamos de su discusión. El país espera una Ley General de Aduanas que se ajuste al mundo y al mercado de hoy, cada vez más interconectado y cercano, y más demandante y exigente. La pieza espera convertirse en ley, aun cuando algún sector se empeña en que perezca. A decir verdad, no debemos nadar tanto para morir en la orilla.

La reforma es clave para incrementar la facilitación comercial y disminuir los costos logísticos del país, en los que hemos estado trabajando hace más de una década sector público y privado para generar mejoras sustanciales. Dichas mejoras impactarán de manera favorable en reportes como el Indicador de Comercio Transfronterizo, del Doing Business, y el Índice de Despeño Logístico (LPI), del Banco Mundial, así como el Reporte de Facilitación Comercial, del Work Economic Forum.

La pieza consagra la Aduanas sin Papeles, proceso que ya se ha iniciado de manera administrativa a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y de la Declaración Unificada Aduanera (DUA), y que se complementa con otros proyectos con los que estamos trabajando, como son los casos del Operador Económico Autorizado (OEA), Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y el Sistema de Análisis de Riesgo. Todos son vitales, tanto para cumplir con el Convenio de Kyoto revisado, como con el recién suscrito Acuerdo de Facilitación Comercial, de la OMC.

La reforma es clave para cumplir con la meta de convertirnos en el centro de distribución regional, como lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, puesto que ayuda a definir la figura del operador logístico, así como brinda mayor agilidad y flexibilidad al intercambio entre regímenes, creando un marco legal favorable al desarrollo de las zonas de actividad logística, a través de la figura de los Centros de Operación Logística (COL).

Para estos fines se establece que las tasas a pagar en dichos centros no serán “advalorem”, ni podrán ser usadas con fines impositivos y, además, podrán traer equipos y maquinarias de uso en sus instalaciones sin pago de impuestos. También se permite realizar el cambio de régimen en un plazo menor a las 24 horas y hacer transformaciones ligeras, como por ejemplo, de etiquetado, embalaje, empaque, con verificación en origen.

El proceso de discusión del citado proyecto se inició durante la primera gestión del finado Miguel Cocco en la Dirección General de Aduanas, en los años 90, y desde el inicio de las discusiones se trabajó para lograr una pieza que fuera el resultado del consenso y no de la imposición de determinado sector.

Para ello se sostuvieron innúmeras reuniones en las que participamos junto a Aduanas, el CEI-RD, el Consejo Nacional de Zonas Francas, la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones públicas; y del lado privado estuvieron asociaciones como la de Zonas Francas, de Agentes de Aduanas, de Navieros, de Industriales de República Dominicana, de Industriales de Herrera, de Exportadores, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), entre otras.

La pieza, además de eliminar la dispersión existente en la legislación aduanera, garantiza el recaudo aduanero, estableciendo claramente la relación jurídica tributaria aduanera y los elementos de la Obligación Tributaria Aduanera. De igual forma, el Proyecto de Ley General de Aduanas se hace compatible con el sistema jurídico interno y con los convenios internacionales y acuerdos de libre comercio de los que el país es signatario.

La pieza incorpora los regímenes aduaneros que promueven la exportación e inversión, siguiendo directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los fines de generar una mayor integración de los sectores productivos nacionales y un mejor aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio.

De igual forma, sanciona las violaciones a los derechos de la propiedad intelectual y legitima a la Aduana para efectuar consultas y resoluciones anticipadas, tema sobre el cual la legislación vigente es muda en lo que refiere a la obligación de la Aduana de emitir decisiones vinculantes por escrito antes de la importación. Sólo es vinculante para los países del DR-CAFTA y EPA.

La aprobación de la pieza legislativa es esencial para la modernización de nuestro sistema aduanero. En ella han trabajado técnicos del sector público y privado durante muchos años, con el propósito de que prime el interés general sobre el particular. El único escollo a la vista es el tema presupuestario, vinculado a la autonomía financiera de la Dirección General de Aduanas, institución que se resiste a transparentar los recursos que percibe como consecuencia de las multas, que se estiman en más de mil millones, y que la institución maneja de manera discrecional.

No debemos dejar morir el proyecto, el mismo garantiza la seguridad jurídica requerida para la atracción de la inversión necesaria para operar las zonas logísticas que pudieran posicionarnos como centro de distribución regional, y brindar la agilidad en los trámites que exige el cumplimiento de la meta trazada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este es un paso demasiado importante en pro de la facilitación comercial del país.