La paradoja del voto
"Lo que es un desperdicio no es el tiempo que la gente utiliza para votar, ya que una persona solo vota si en el balance es un uso más valioso de su tiempo que las demás alternativas; lo que pudiera ser un desperdicio es la cantidad de dinero que se gasta en las elecciones." (Richard Posner, abogado y economista)
Considerado de manera aislada un voto no representa una diferencia importante cuando se trata de cientos de miles o de millones de votos. Si un votante no tiene un impacto significativo en el resultado de una elección, plantea Posner, entonces no tendría sentido ir a votar. Esa es la paradoja del voto que puede ser medida, indirectamente, analizando los porcentajes de abstención. Aunque se debe estar consciente de que no toda abstención refleja una decisión voluntaria del potencial votante.
Para la legitimidad de la democracia es crucial que acudan a las urnas el mayor número de votantes. Y por eso, en muchos países los partidos políticos reciben financiamiento público para promover sus candidaturas. Nosotros hemos copiado esa modalidad con todos sus beneficios, pero sin la obligación de una transparencia que permita determinar con precisión forma en que han sido utilizados esos fondos públicos. Igualmente, sin los controles para las contribuciones de particulares a los partidos, y sin establecer fronteras entre los recursos públicos y privados. Un ejemplo de lo "tropicalizada" de nuestra ley de financiamiento a los partidos es el de la imposibilidad de organizar un debate público con los principales candidatos, pues quien encabeza las encuestas siempre tiene miles de razones para boicotearlo. Debe establecerse en la legislación la obligatoriedad de esos debates para quienes reciben fondos públicos para sus campañas, o de lo contrario, excluirlos de dicho financiamiento. El elector tiene el derecho a contrastar las soluciones que plantean sus líderes a los numerosos problemas que enfrenta en la vida diaria.
Ahora bien, en un país con bajos niveles de institucionalidad, altos niveles de pobreza, alto desempleo y bajos niveles de escolaridad, las campañas políticas se convierten en oportunidades para el inmediatismo, en la forma de clientelismo abierto o encubierto, independientemente del discurso oficial. O del discurso de la oposición. El mercado en su forma más primitiva queda establecido: por un lado, una masa empobrecida que tiene un activo transitorio (su voto), y por otro lado, un político que está dispuesto a comprarlo. La mejor oferta se queda con el voto. Y normalmente, quienes tienen los símbolos del poder representan la mejor opción para quienes buscan maximizar el valor de sus votos. Esto ha ocurrido con todos los partidos que han gobernado en nuestra historia reciente. Quien pierde desde la oposición atribuye su derrota al uso de los recursos públicos por parte del oficialismo. Y eso queda calificado, casi siempre, como derecho al pataleo. No obstante, cuando los partidos organizan sus procesos internos, y son los propios compañeros que denuncian las malas artes, entonces se tiene que concluir que hay algo cierto en las quejas.
Dado que ni los partidos políticos ni los gobiernos tienen recursos ilimitados, la motivación del votante para acudir a las urnas no puede depender exclusivamente de quién ofrece más. Es necesario, en este sentido, articular un conjunto de atractivos que minimicen los costos de las elecciones. Uno de los principales atractivos es la cohesión ideológica (aunque las ideologías hayan ido perdiendo importancia relativa) que crea una masa crítica de votantes dispuestos voluntariamente a defender sus ideales en las urnas. Me temo que es un grupo cada vez más pequeño. Quizás el método más utilizado es el de las denominadas "campañas sucias" con el propósito de crear un rechazo antagónico del contrincante y aumentar la probabilidad de que el elector deposite su voto en base al repudio personal. El efecto secundario, muy negativo por cierto, es que descuida los temas centrales, como el programático, y degrada el debate político.
Sin dudas que los partidos políticos, en democracias carenciadas como la nuestra, se ven en la obligación de reducir los costos de transacción de los votantes, incluyendo los costos de transportación, viáticos y otros. Todos esos esfuerzos se realizan en proporción a los retornos o beneficios esperados. Toda transacción económica envuelve un cierto grado de especulación, aun en los casos relacionados con la compra de bienes físicos; el carácter especulativo es aún mayor cuando se trata bienes intangibles como la compra de un voto, en base a promesas de dudoso cumplimento. Por eso, es cada vez más difícil para los políticos convencer con simples promesas. Es una grave responsabilidad para el liderazgo político emergente, tanto en el gobierno como en la oposición, la de romper con este círculo vicioso que desnaturaliza el valor de la democracia al permitir que la pobreza convierta al voto en una oportunidad de negocio.
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