La responsabilidad social corporativa

“La responsabilidad social corporativa (RSC) se ha convertido en un tema de alto perfil. Una extensiva encuesta global encontró que dos tercios de la gente reportó que ellos preferirían empresas que contribuyan a los objetivos sociales más allá de la riqueza de los accionistas. Otra encuesta encontró que el 52% de los encuestados buscaban los récords de RSC de las empresas. Más de la mitad de los consumidores americanos dijeron que la reputación social de las empresas influenció sus decisiones de compra, y el 70% de los consumidores británicos están dispuestos a pagar más por un producto que ellos perciben como éticamente superior.”

Kitzmueller y Shimshack, JEL 2012

La principal responsabilidad social de la empresa es la generación de beneficios. Así lo pensaba Milton Friedman, un economista que con solo mencionar su nombra levanta todo tipo de ronchas. Es una forma de ver las cosas que choca con el lenguaje eufemístico al que estamos acostumbrados que nos impide llamar las cosas por sus nombres, y simplemente utilizar términos que nos hacen sentir bien, aun cuando queremos decir lo contrario. Vivimos en el tiempo del lenguaje políticamente correcto. Y por eso, es difícil aceptar abiertamente que el objetivo de la actividad empresarial es el lucro. Sin embargo, si la empresa no genera beneficios tiende -con el tiempo- a desaparecer; lo que se traduce en un incremento del desempleo y -en sociedades como la nuestra- en mayores niveles de pobreza. Aunque la cadena de causalidad puede ser larga, y nos puede hacer perder de vista el impacto sobre la pobreza, los beneficios de las empresas son el sostén para crear mayores y mejores empleos y, en consecuencia, para alcanzar mayores niveles de prosperidad.

Cierto. No siempre los beneficios se traducen en un mejor estándar de vida para las grandes mayorías. No obstante, lo seguro es que si las empresas no se sostienen, por no ser financieramente viables, el impacto es devastador sobre el bienestar social. Lo ideal es que la generación de beneficios sea lograda en un marco de responsabilidad social, algo que la empresa moderna ha ido incorporando a su función de maximización de la rentabilidad. En la medida que la sociedad va adquiriendo mayor conciencia, las empresas se han visto obligadas a considerar aspectos sociales y ambientales que anteriormente no les eran relevantes. De esta manera, el flujo de beneficios estará afectado por los compromisos que ellas asuman de cara a su realidad social. Como hemos visto en la cita que encabeza este artículo, los consumidores están dispuestos a pagar más por los bienes que son producidos respetando al entorno social y medioambiental. ¿Cambia esto la naturaleza maximizadora de beneficios de las empresas? Creo que no. Simplemente, agrega nuevos elementos a la estructura de costos, mientras potencializa una mayor demanda por parte de los consumidores. Es una forma de que las empresas internalicen las externalidades negativas que pudieran provocar en sus procesos de producción. Incluso, se ha demostrado que muchas empresas reducen esas externalidades por debajo de los topes permitidos por las leyes.

Kitzmueller y Shimshack plantean que la responsabilidad social corporativa es la conducta de las empresas que va más allá del marco regulatorio de un mercado o de la economía, pues se supone que el cumplimiento de esas regulaciones es obligatorio y, por tanto, no depende de la voluntad empresarial. Pero esa responsabilidad social que sobrepasa lo obligatorio no se limita al cumplimiento de las normas ambientales, sino que las empresas a través de sus programas sociales pueden impactar muy positivamente su entorno social, mejorando, a su vez, la función de beneficios corporativos.

El problema microeconómico de que las firmas no han tenido suficiente motivaciones para internalizar los costos sociales de sus actividades parece encontrar una solución a través de la presión social que significa una sociedad con mayor conciencia de responsabilidad ambiental. En el pasado ese tema ha sido abordado de maneras diferentes, tanto por Pigou como por Coase. El primero creía en un impuesto a la actividad productiva que iguala los costos sociales -no internalizados- de la empresa. El segundo, creía en la asignación de los derechos de propiedad como forma de obligar a una negociación entre la empresa y los afectados. El problema con el impuesto pigouviano era -o es- que no garantizaba que el gobierno, quien tiene el monopolio de cobrar impuestos, hiciera llegar lo recaudado a los que efectivamente eran perjudicados por las externalidades negativas de las empresas. En este sentido, la solución de Coase era mucho más eficiente, desde el punto de vista económico y social.

Las empresas dominicanas son cada vez más conscientes de su responsabilidad social. Pero dados los niveles de pobreza existentes en nuestro país, esa responsabilidad se hace mucho más apremiante, pues no se trata únicamente de ganar o perder algunos clientes. Se trata de que la estabilidad social depende -en cierta medida- de los compromisos que las empresas asuman con su entorno. Un compromiso que indudablemente termina reflejándose en la columna tangible de los beneficios, y asegura su permanencia en un medio social favorable.