La urgente reforma de pensiones y la cesantía

El aumento sostenido de la nómina del Gobierno ha generado un pasivo actuarial público igual al patrimonio completo de las AFP. Hace falta crear un pilar complementario de pensión básica pública, con aportes de la Cesantía.

El crecimiento del patrimonio de las AFP, que totaliza actualmente $1,340 millones, se valora positivamente. Una visión sistémica de la seguridad social, sin embargo, debe considerar el incremento de la nómina pública meritoria de pensiones. Esta ha aumentado de $5,000 millones a $80,000 millones entre 2004-2024, generando un pasivo actuarial con cargo a las finanzas públicas equivalente al total de reservas del sistema general.

El sistema tampoco provee tasas de reemplazo acorde con los estándares internacionales, aunque las tasas de retorno de los fondos fueron de 330% en el 2023. No supimos copiar el modelo de Chile y se ha ido generando un proceso de fragmentación, con algunos percibiendo pensiones de reparto del 100% (y más) a los 60 años, mientras otros reciben exiguas “pensiones programadas” que se agotarán antes del fallecimiento de los beneficiarios, y otros solo la devolución de los aportes acumulados en las AFP debido al “ingreso tardío”.

Los trabajadores informales simplemente quedan excluidos. Resulta perturbador escuchar declaraciones de reformas segmentadas por parte de la SIPEN, con miras a permitir a los trabajadores independientes y por cuenta propia aportar a las AFP en forma “voluntaria”, las tasas bipartitas establecidas en la ley 87-01, cuando para la mayoría el salario está debajo del nivel de pobreza.

¿Podrá el 90% de los trabajadores informales aportar casi el 10% de los salarios netos a una cuenta paralela a las AFP para obtener pensiones del 30% del salario? ¿Es este un sistema de seguridad social? Realmente no. Como colofón, para verificar la salud del sistema, sería deseable publicar el número de pensiones vitalicias de retiro concedidas por las compañías de seguros en los 20 años de operación del modelo de capitalización individual, que no figuran en las estadísticas de SIPEN.

La adecuación gradual del sistema de pensiones con miras a proveer pensiones adecuadas tomará varias décadas, por el legado de aportes insuficientes en los primeros años de operación. Mientras, el sector oficial mantiene cierta apatía en la formulación de políticas públicas al respecto.

La mayoría de los países que optaron por un sistema único de capitalización individual (Chile, México, Colombia) ya lo han reformado a incluir un pilar de pensión básica pública.

Para evitar las consecuencias del fragmentado modelo dominicano reiteramos la necesidad de complementar el sistema con un esquema paralelo de pensiones sociales de reparto. Este podría financiarse de manera mixta con aportes de la cesantía laboral y del patrimonio del INAVI (entidad a eliminarse) y gestionarse por el IDOPPRIL.

La solución propuesta permitiría establecer un pilar social de pensiones de reparto que, conjuntamente con las AFP, logre adecuar las tasas actuariales de financiamiento para lograr un aumento gradual de las tasas de reemplazo. Mientras más tarde dicho proceso mayor será la proporción de envejecientes que percibirá el capital acumulado o el retiro programado, con probabilidad latente de quedar indigentes en pocos años, y mayores serán las demandas presupuestarias ‘sorpresa’ en un sistema excluyente de la mayoría, como los médicos, que ya están planteando demandas de indizar automáticamente sus generosas pensiones a la inflación.