Sobre algunos problemas en las reválidas de la UASD
Profesionales dominicanos no pueden ejercer por reválidas eternas
Hace unas pocas semanas me enteré del drama que vive una docena -puede que sean más- de profesionales dominicanos, especialmente sicólogos; drama que, para empeorar las cosas, ya se prolonga, en algunos casos, por varios años.
En efecto, al cabo de grandes esfuerzos -económicos, académicos, humanos-, lograron obtener sus titulaciones profesionales en diversas universidades extranjeras, a pesar de lo cual no pueden ejercer sus profesiones en nuestro país en vista de que las autoridades dominicanas no les han tramitado las reválidas correspondientes. En algunos casos, ni siquiera les reciben los documentos, según se me ha informado.
Vale recordar que, en nuestro país, la reválida de títulos académicos ha sido puesta en manos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), conforme el párrafo del artículo 33 de la Ley núm. 139-01, del 13 de agosto de 2001, y el artículo 8 del Reglamento de las instituciones de educación superior (instituido mediante Decreto número 463-04, del 24 de mayo de 2004).
Dicha universidad, por su parte, aprobó la resolución número 2005-250, del 25 de agosto de 2005, contentiva del reglamento que creó la Dirección de Reválida, Reconocimiento de Título y Convalidación de Estudio, norma que, supuestamente, incumplen los profesionales de los que hablo, si bien ni ellos ni quien esto escribe hemos podido conocer su contenido.
Por cierto, sobre ese documento -así de secreto y clandestino-, la propia UASD ha dicho que “fue creado con algunas distorsiones en la cual quedó pendiente de aprobarse la de estructura funcional de dicha dirección. Por lo que en estos momentos se ha estado trabajando con la modificación del Reglamento el cual contempla la estructura correspondiente a los fines de que se cree la estructura que va acorde con las funciones que realiza esta dirección.” (https://uasd.edu.do/revalida/). Se desconoce -también- la fecha de tal publicación, pero, cual quesea ésta, salta a la vista que, veinte años después, no se haya solventado semejante déficit normativo.
El caso ha brincado recientemente a la opinión pública, si bien, hasta el momento en que escribo estas líneas, nada ha cambiado.
Mientras, esos profesionales son empujados a la inopia, pues sin la reválida de sus títulos profesionales no han podido -ni podrán- obtener sus exequatur para ejercer sus profesiones y, pues, vivir sus vidas con la tranquilidad y la dignidad que merecen. Ellos y sus familias se ven condenados a sufrir la afectación de varios de sus más sensibles derechos fundamentales, además de verse obligados a asumir daños y perjuicios (materiales, emocionales, morales) que en modo alguno deben soportar. El asunto ha llegado a tal grado de aberración que al menos dos de esos profesionales -una con Ph.D. y otro con maestría- han decidido repetir en el país sus estudios de grado como única -última, dramática- vía para zafarse de ese yugo y retomar el control de sus vidas.
Lo dicho es suficiente para la indignación, sobre todo si se toma en cuenta que, trascendiendo a las individualidades afectadas, la propia sociedad dominicana resulta dañada en la medida en que, por ejemplo, los profesionales de la sicología no pueden integrarse al sistema de salud, especialmente al servicio de salud mental, que tanto los necesita, como ha quedado evidenciado más una vez.
Frente a esta situación, cabe esperar algunas ocurrencias, entre ellas, y sin ánimo exhaustivo, una mayor transparencia de la institución responsable, lo que implica desde la publicación de las normas que fundan estos procesos hasta el suministro de las estadísticas de los mismos -por ejemplo, de las reválidas aprobadas, incluso con detalles de las universidades de procedencia, del estatus de las solicitudes, de los tiempos de su procesamiento-; y, por supuesto, una mayor eficiencia institucional. Cabría esperar, además, una clara y firme posición de los gremios afines a los profesionales afectados -del Colegio Dominicano de Psicólogos, por ejemplo- y, finalmente, que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología intervenga y, salvando la autonomía universitaria, exija una solución al respecto.
Se trata de una situación enojosa, cuya solución -objetiva, justa- debería concretarse cuanto antes, salvando a estos profesionales y al país de la furnia profesional y humana en que han sido colocados.