Tres nombres embarrados

Miguel Mateo Familia, director de Recursos Humanos de Salud Pública, sindicado de cobrar dinero para asignar puestos de trabajo, demanda la reparación de su nombre pues todo apunta a que las autoridades se precipitaron. Igual reivindicación reclaman los jueces Manuel de la Rosa Barrientos y Marlon Espinosa Lebrón, señalados por Contrataciones Públicas como proveedores del Estado en violación de la ley, pero el primero solo sirvió de representante de su madre de avanzada edad en la firma de un contrato de alquiler, y el segundo brindó servicios jurídicos mucho antes de ser designado juez. Los tres se merecen una disculpa pública, pues el daño a la dignidad de una persona y a la de su familia no se lava con agua y jabón.