Deuda pública y COVID-19 (2)

Decía en el artículo de la semana pasada que prácticamente todos los gobiernos han tenido que endeudarse mucho con la crisis del COVID-19, y que, contrario a las expectativas de mucha gente, al Gobierno dominicano no le queda más remedio que seguirse endeudando todavía.

Claro está, eso no quiere decir que nuestro país se encuentre en igual condición que los demás. Lo primero es que los países desarrollados, si bien tienen un coeficiente de deuda muy alto, a ellos les sale casi gratis, pues las tasas de interés que pagan es bajísima, a veces incluso cero y hasta negativa. Segundo, tienen suficiente músculo para responder, porque tienen cargas tributarias elevadas, y el costo de los intereses representa una fracción ínfima de sus ingresos fiscales.

Y tercero, pueden endeudarse con su propio banco central (emisión inorgánica) sin mayores complicaciones, porque todos ellos son emisores de monedas de reserva internacional y, por tanto, su economía puede usar su propia moneda para pagar en el exterior, con lo cual, el temor a la inflación, que a nosotros tanto nos preocupa, pueden trasladárselo temporalmente a otros países. Si sus precios suben mucho, pueden traer más bienes del exterior sin miedo a que se agoten sus reservas monetarias porque, para ellos, todo consiste en imprimir más. Eso, evidentemente, tiene efectos más complejos cuando se mira a largo plazo.

La situación de la República Dominicana es mucho más complicada; primero, porque endeudarse le resulta muy caro; segundo, porque el país convive con uno de los niveles de carga tributaria más bajos del mundo y, aunque las tasas de interés estén más bajas ahora, para nuestra capacidad de pagos cualquier cosa es mucho. De esta forma, en relación con los ingresos fiscales, el costo resulta extremadamente elevado, más que la mayoría de los países del mundo. Y entonces, honrar esos pagos siempre abruma a los gestores fiscales, pues no les queda otro remedio que recortar por otro lado, reduciendo la inversión en infraestructura y, peor aun, la calidad de los servicios que el Estado debe proveerle a la ciudadanía.

Por eso, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo y los propios prestamistas, viven advirtiendo que tenemos que enfrentar ese problema. Nadie entiende que un país en persistente crecimiento del producto no haya podido elevar su coeficiente de tributación y viva permanentemente endeudándose.

Durante la década de oro de América Latina, 2003-2013, con mercado creciente y altos precios de los bienes primarios, el PIB creció bastante en casi todos los países, los ingresos fiscales aumentaron y el coeficiente de deuda bajó. En adición, con gobiernos de inclinación izquierdista, se mejoró la distribución del ingreso y se redujo la pobreza. La República dominicana fue la excepción.

Después el panorama cambió para la región, las economías entraron en crisis y volvieron a endeudarse mucho. Pero el problema dominicano es que la economía siempre estuvo creciendo, la carga tributaria nunca subió y la deuda siguió creciendo.

Y entonces llegó el coronavirus, la economía mundial se deprimió y la dominicana también. El asunto es que el fisco dominicano no estaba preparado para hacerle frente, sino recurriendo a más deuda. Obligatoriamente tenía que gastar más, pero no podía cobrar más impuestos en medio de la crisis.

Tanto luchar para prevenir esta situación; el país tenía que estar preparado para cuando llegaran los tiempos malos. Ciertamente, al suscrito no le luce mucho criticar lo que pasó por haber formado parte del Gobierno, pero también se reconoce que, por insistir tanto en la necesidad del pacto fiscal cuando las condiciones eran propicias, me convertí en el patito feo del gabinete.

Obviamente discrepaba de la política oficial de comunicaciones, pero mi deber no era negar la existencia de problemas ni maquillar verdades a mis conciudadanos, sino buscar soluciones. Para eso me pagaban.

Ahora tenemos que intentar arreglar la carga en los momentos menos propicios. Porque endeudarse indefinidamente no es una opción. El Gobierno planteó al país la firma de un pacto fiscal este año, para aplicación en el 2022. Pero con el apremio que existe y las condiciones prevalecientes, la mayor probabilidad es tener que realizar reformas mínimas, para conferir sostenibilidad a la deuda.

Pero un verdadero pacto fiscal tiene que mirar más lejos: cómo garantizar que el Estado pueda ofrecer servicios de salud y educación de calidad mundial, obtener un servicio de policía y seguridad ciudadana eficiente y confiable, lo mismo que un ministerio público, tribunales y jueces, todos adecuadamente remunerados. Cómo garantizar que los ciudadanos tengan agua segura, continua y potable y un saneamiento de calles, ríos y cañadas. Y procurar salidas al tema de los municipios, la seguridad social y la deuda cuasifiscal.