Revisitando al Consenso de Washington

"La historia del Consenso de Washington data de 1989 cuando la prensa de Estados Unidos aun comentaba la poca disposición que tenían los países de América Latina para emprender las reformas que les permitiría salir de la crisis de la deuda. A mi modo de ver esto era erróneo y, de hecho, las posturas sobre la política económica estaban cambiando radicalmente. Para comprobarlo, el Instituto de Economía Internacional decidió convocar una conferencia para que autores de 10 naciones latinoamericanas detallaran lo que había estado sucediendo en sus respectivos países… redacté un documento de referencia donde enumeré 10 reformas de política económica… a este programa de reformas lo denominé "Consenso de Washington", sin imaginar que estaba acuñando una expresión que pasaría a ser el grito de batalla de los debates ideológicos por más de una década." John Williamson, 2003

Pocos términos en economía son tan mal utilizados como el Consenso de Washington, amarrado -inevitablemente- a la etiqueta del «neoliberalismo». Sin embargo, ese Consenso marcó la frontera entre dos décadas completamente diferentes. No olvidemos, aunque quizás sea lo mejor hacerlo, que los 80's se caracterizaron por las crisis de la deuda, de balanza de pagos, cambiarias, fiscales, altos niveles de desempleo e inflación galopante. Fue una verdadera pesadilla lo que se vivió en esa época. Pero esto no surgió de la nada. Detrás de ese cuadro dantesco estaba la irresponsabilidad de los gobiernos, reflejada en un manejo absurdo de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, en combinación con políticas de control de precios y subsidios que distorsionaban la asignación de recursos en la economía. Es en este contexto que debe ser evaluado dicho Consenso. Y, precisamente, muchos de los sacrificios iniciales que implicaban la aplicación de sus recomendaciones sirvieron de pretexto para que ideológicamente fuera desacreditado, especialmente por políticos populistas.

Ahora bien, cuando se analizan detenidamente las 10 recomendaciones contenidas en el Consenso original, es difícil argumentar que no son recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia económica. Las tres primeras estaban dirigidas a sanear fiscalmente a las economías: Disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público y reforma tributaria. En el reordenamiento del gasto público se planteaba la necesidad de dirigir el gasto público hacia áreas que propiciaran un mayor crecimiento económico, a la vez que sirviera de protección para los más pobres, como el gasto en educación, salud e infraestructura. Independientemente de que el Consenso de Washington hiciera esas recomendaciones, es obvio que son indispensables para la salud económica de cualquier país.

Las siguientes recomendaciones se enmarcaban en el ámbito monetario y cambiario; a saber, la liberalización de las tasas de interés y una tasa de cambio competitiva. Ambas recomendaciones tenían -y tienen- importantes implicaciones en el manejo de la política monetaria, pues apuntaban hacia una más estricta disciplina monetaria en un momento en donde los bancos centrales financiaban con emisiones monetarias los grandes déficits de los gobiernos latinoamericanos. El caso dominicano fue particularmente ilustrativo, pues la irresponsabilidad fiscal fue generosamente correspondida con la irresponsabilidad monetaria.

Como se ha visto, las primeras cinco recomendaciones se focalizaban en un sano ejercicio de la política económica. Las dos siguientes, tocaban la vinculación externa a través de la liberalización comercial y la apertura a la inversión extranjera. El ritmo al que debían llevarse esos procesos de liberalización externa dependía de la realidad de cada país. Pero igual, fomentaban una mayor exposición de la economía local a la competencia internacional, lo que innegablemente estimulaba un crecimiento económico más asociado con el desarrollo.

Las últimas tres recomendaciones del Consenso de Washington podían considerarse claves en el proceso de reformas estructurales en América Latina. La primera, recomendaba un proceso de privatización que implicaba un cambio de la visión estatista hacia un modelo de economía de mercado. Las empresas públicas se habían convertido en verdaderos centros de corrupción política. El propio Williamson advierte que "importa cómo se hace una privatización: puede ser un proceso sumamente corrupto que transfiere activos a una elite privilegiada por una fracción de su valor real, pero si se realiza como es debido, es beneficioso, y la empresa privada vende en un mercado competitivo o se regula apropiadamente." Esta cita no necesita ningún comentario adicional. Finalmente, se recomendaban dos acciones relacionadas con la desregulación de los mercados y el fortalecimiento de los derechos de propiedad. Ambas, de gran impacto en la promoción de la competencia, la formalización de la economía, y el acceso al crédito de sectores tradicionalmente marginados.

Sin ánimo de caer en una falacia tipo «post hoc, ergo propter hoc» (si una cosa ocurre primero que otra, se tiende a considerar que la segunda fue causada por la primera), lo cierto es que luego del Consenso de Washington hubo un cambio de dirección en las economías latinoamericanas con respecto a las graves crisis de los 80's. Sin dudas, los 90's fueron muy diferentes a la década anterior. Pero muchos esperaban más, sin considerar que se trataba de un recetario económico; no de un plan social o institucional. Cuando los gobiernos volvieron a sus viejos vicios las economías latinoamericanas comenzaron a resentirse nuevamente, y el culpable preferido en los discursos políticos no se hizo esperar: «el Consenso de Washington». Por eso, Williamson admite - resignadamente- que "cuando una expresión llega a adquirir significados tan dispares, conviene eliminarla del vocabulario." Razón no le falta.

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